El tribunal apelativo rechazó dejar en suspenso el reglamento, pero sigue vigente el reto legal.

El Tribunal de Apelaciones rechazó dejar en suspenso el nuevo Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales (ASG) que entró en vigor el 11 de marzo.

La actuación de ese tribunal fue necesaria porque se presentó una impugnación sobre la legalidad del reglamento y se pidió que no entrara en vigor. En lo que la ASG calificó como una “anomalía preocupante”, quien pide al tribunal que anule el reglamento es una propia corporación pública, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

Lo único que dijo el tribunal el lunes pasado, sin abundar, es que no iba a dejar sin efecto el reglamento mientras está viva la demanda, por lo que la reclamación legal no termina sino que sigue su curso.

En su petición de revisión, AFI plantea que la ASG no cumplió con la ley sobre promulgación de reglamentos porque no proveyó un lugar físico en el que el público podía examinar el reglamento propuesto; porque emitió un aviso al público sobre el reglamento en un periódico físico, pero no incluyó la dirección de internet donde también se encontraba el aviso; y porque no publicó ese aviso en internet.

Estas fallas “resultan en un proceso ausente de total transparencia; todo ello en menoscabo del derecho de la ciudadanía de estar previamente informado de las disposiciones que regularan su relación con el Gobierno y las consecuencias de su incumplimiento. Por ello, la participación ciudadana en el proceso constituye un requisito cuyo incumplimiento de notificación es insubsanable”, dice el escrito de AFI.

“Como corolario de lo anterior, y tratándose de un Reglamento que es nulo ab initio, cualquier procedimiento iniciado en virtud del mismo resulta igualmente nulo”, añade.

Desde la Administración Rosselló Nevares, el director ejecutivo de AFI es Eduardo Rivera Cruz, hermano del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Según la ley de la corporación pública, su junta de directores tiene siete miembros, incluyendo el secretario de Hacienda y un miembro designado por el gobernador. Los otros cinco saldrían de la junta del Banco Gubernamental de Fomento, pero esa entidad ya no existe. Según su portal, actualmente la Junta tiene solo tres miembros: el secretario de Hacienda; la directora ejecutiva del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, Sylvette M. Vélez Conde; y Paxie G. Córdova Escalera, directivo de Tidal Basin Caribe, contratistas del Departamento de Vivienda para manejo de fondos federales de reconstrucción.

No es la primera vez que AFI recurre legalmente contra ASG, pero hasta ahora no han obtenido una sentencia a su favor.

En su respuesta, ASG resaltó al apelativo que el reglamento nuevo añade “una serie de normas de fiscalización dirigidas a asegurar y exigir el cumplimiento de la ley a las denominadas Entidades Exentas, como lo es la AFI”. Además, aseguraron que cumplieron con un proceso de evaluación pública del reglamento porque, de todos modos, tuvieron que esperar seis meses por la evaluación de la Junta de Control Fiscal.

AFI alegó que el reglamento podía causarle daños al interferir con sus gestiones en el proceso de reconstrucción, pero ASG le dijo al tribunal que lo único que hace AFI con relación a reconstrucción está relacionado a servicios profesionales y esos están fuera del ámbito de la ASG y del reglamento. “El récord es contundente a los efectos de que la AFI, cuando menos desde el 2021, no ha realizado una subasta a través de la ASG. Además, los archivos de nuestro sistema digital de compras no encuentran siquiera una sola orden de compra que la AFI haya procesado por medio de nuestras herramientas. Ello torna en indefensible el argumento de que un reglamento de la ASG pudiese tener un efecto detrimental sobre procesos que la AFI no ha realizado”, argumentaron.

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