El veto al proyecto que eliminaba escoltas a exgobernadores avivó las críticas del PPD por una supuesta “doble vara”, mientras la gobernadora defiende su decisión y apuesta por su propia y nueva medida.

El Partido Popular Democrático (PPD) arremetió contra la gobernadora Jenniffer González Colón tras vetar el Proyecto del Senado 752 (P. del S. 752), que buscaba eliminar las escoltas a exfuncionarios públicos, incluidos exgobernadores convictos por delitos, y firmar en su lugar el Proyecto del Senado 63, que enmienda la Ley de Transparencia y amplía los plazos para acceder a información pública.

El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que ambas determinaciones evidencian una “doble vara” en el manejo de los asuntos públicos, al vetar una medida que, según afirmó, promovía el ahorro fiscal y la rendición de cuentas, mientras firmaba otra legislación que —a su juicio— limita el acceso ciudadano a datos gubernamentales.

“Una vez más la gobernadora muestra su doble cara. Ha vetado el proyecto que le eliminaba el derecho a escoltas a exgobernadores, incluyendo aquellos que fueran convictos por algún delito”, expresó Hernández Ortiz, quien además cuestionó que, tras el veto, la mandataria anunciara la radicación de un proyecto de administración sobre el mismo tema, luego de que el asunto ya hubiera sido ampliamente debatido y aprobado por consenso en la Asamblea Legislativa.

Desde el PPD también se calificó como “vergonzoso e inaceptable” que una exgobernadora convicta por corrupción mantenga una escolta pagada con fondos públicos, y se denunció que legisladores populares han tenido que acudir a los tribunales para obtener información relacionada con el uso de escoltas, mientras —según alegaron— el Partido Nuevo Progresista (PNP) enfrenta desorganización interna sobre este asunto.

Las críticas se produjeron en un contexto político cargado por el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable en el Tribunal Federal por aceptar una promesa de contribución política antes de las primarias del PNP en 2020 y, aun así, conserva escolta policial bajo el marco legal vigente.

El P. del S. 752, impulsado por el senador Juan Oscar Morales, buscaba modificar la Ley de la Policía de Puerto Rico para eliminar el derecho automático a escolta una vez los exgobernadores concluyeran su mandato, salvo que existiera una amenaza real certificada por el superintendente de la Policía. La medida también establecía la pérdida automática del beneficio para exfuncionarios convictos de delitos graves o menos graves, independientemente del foro judicial de la convicción.

Morales reaccionó con decepción al veto, al sostener que el proyecto respondía a un reclamo ciudadano de responsabilidad fiscal y permitiría un ahorro anual estimado entre $1.2 y $1.5 millones, sin dejar desprotegidos a los exfuncionarios, ya que contemplaba protección temporera en casos de riesgo comprobado.

El tema provocó, además, fuertes choques internos dentro del PNP. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, criticó a la Cámara de Representantes por negarse a descargar la Resolución Conjunta de la Cámara 188, que buscaba retirar específicamente la escolta a Vázquez Garced. En contraste, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, sostuvo que el retiro de ese beneficio no está bajo la discreción legislativa mientras el ordenamiento jurídico reconozca el derecho a escolta como adquirido.

Durante vistas públicas relacionadas, el Departamento de Justicia expresó respaldo al P. del S. 752, al considerarlo una medida razonable y alineada con la política pública de ahorro, siempre que se garantizara el debido proceso. No obstante, advirtió que iniciativas dirigidas a casos individuales podrían levantar cuestionamientos constitucionales.

Frente a las críticas, la gobernadora defendió su veto al argumentar que el proyecto aprobado por la Legislatura no atendía determinaciones previas del Tribunal Supremo de Puerto Rico que reconocen el derecho a escolta de los exgobernadores como un derecho adquirido, por lo que cualquier cambio debe aplicarse de forma prospectiva.

“Yo no quiero aprobar una firma que después el tribunal me lo va a tumbar y va a ser nulo. Sería para efectos de prensa, pero sin ninguna realidad”, sostuvo González Colón al explicar que el decreto del proyecto no incorporaba adecuadamente ese criterio jurídico.

Como alternativa, la mandataria radicó el Proyecto de Administración 86, que propone eliminar el privilegio de escoltas a exgobernadores convictos por delitos graves o menos graves, tanto en jurisdicción estatal como federal, y retirar ese beneficio a candidatos a la gobernación y a comisionado residente durante los procesos electorales.

Según explicó la gobernadora, la nueva medida busca ser “más directa y sin interpretaciones”, al tiempo que protege a funcionarios que, por la naturaleza de sus funciones, enfrentan amenazas reales, como los secretarios de Justicia y Corrección, los presidentes de los cuerpos legislativos y el comisionado residente.

El proyecto de administración contempla como única excepción que el superintendente de la Policía determine, de forma exclusiva, que existe una amenaza real e inminente contra la vida de un candidato, criterio que permitiría asignar protección de manera limitada.

González Colón insistió en que su propuesta responde al interés público de proteger el erario y evitar que personas culpables de delitos mantengan privilegios asociados a cargos públicos, a la vez que evita que una legislación sea invalidada en los tribunales.

Con el veto ya consumado y la nueva medida en manos de la Legislatura, el debate sobre las escoltas continúa siendo un punto de fricción política y fiscal, marcado por señalamientos de “doble vara” desde la oposición y por la defensa del Ejecutivo de que su actuación se ajusta al marco constitucional vigente.