Asegura se trata de »personas íntegras», y que no hay razón para los referidos.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced calificó el lunes como “una tragedia” los referidos recomendados por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes contra varios funcionarios por el fallido intento millonarios de compras para pruebas de COVID-19.

“La tragedia es porque se haya imputado a personas íntegras, personas de trayectoria de servicio público, sin ninguna razón para ello”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Nosotros queremos saber que contra esas personas había personas que ellos mismos decían que no había evidencia. Aquí hubo analistas y todas las personas que escucharon esas vistas sabían que no había evidencia. Yo espero que sea un informe con la evidencia, que sea contundente y que no sea con ánimo de hacerme daño. Eso verdaderamente sería una tragedia para Puerto Rico”, añadió.

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A juicio de la gobernadora, se desconoce si ese informe fue aprobado en votación por los integrantes de la Comisión de Salud, que preside el representante Juan Oscar Morales. Además, el mismo no ha sido al momento llevado al pleno de la Cámara de Representantes, para ser avalado o rechazado.

Al preguntarle si le habían dado copia del informe, Vázquez Garced contestó: “Es que no hay ningún informe. Eso ha sido una información que ha trascendido donde nadie ha votado y ese informe no lo hemos visto. Y no sabemos quién ha votado por ese informe, si es avalado por la Comisión y avalado por el cuerpo legislativo de la Cámara, porque la ley establece que para ser referido, el pleno tiene que votar”.

Más temprano hoy, la Comisión de Salud de la Cámara presentó el informe final sobre la investigación ordenada en la Resolución 1741 sobre el proceso de compra de las pruebas para detectar el COVID-19, el cual contiene nuevos referidos a agencias estatales y federales por irregularidades, negligencia y violación a leyes y reglamentos establecidos.

El informe que contiene, además, hallazgos y recomendaciones, detalla que se refiere a varios funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y personas que estuvieron involucrados en el proceso de compra de las pruebas con el Departamento de Salud (DE).

Estos son Iris Santos, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); el CPA Alfonso Rossy, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda; doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, coordinador del Medical Task Force; Antonio Pabón Battle, secretario de la Gobernación; Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, exfuncionaria del Departamento de Salud y exempleada de La Fortaleza; Guarina Delgado García, ayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD); Ottmar Chávez, administrador de Servicios Generales (ASG); Lcdo. Juan Maldonado De Jesús, representante de Apex General Contractors; Robert Rodríguez, presidente de Apex General Contractors; y el licenciado Ricardo Vázquez Hernández, presidente de 313, LLC.