Coccoloba Agroenvironmental solicitó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que se emita una orden urgente con el fin de proteger cualquier evidencia en el caso contra Familia.
Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. (Nickolas N. Torres/NotiCel)
Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos, afirmó hoy que los jefes de agencia cargan con la obligación de preservar documentos públicos y correos electrónicos.
Coccoloba Agroenvironmental solicitó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que se emita una orden urgente con el fin de proteger cualquier evidencia que pueda ser pertinente en el curso de la demanda sometida contra el Departamento de la Familia y la aún secretaria Suzanne Roig Fuertes, quien dejará el puesto el 31 de diciembre.
Christian W. Torres Santana reclama en la demanda que le indicó formalmente a Roig Fuertes que a Coccoloba Agroenvironmental no le interesaba presentar una propuesta para establecer el programa Star Academy en Puerto Rico.
Sin embargo, la empresa LAP Consulting Group la incluyó entre las candidatas para ser evaluadas. NOLA Educations y Litoral Vivo Corp fueran las otras dos.
Cuando se le preguntó directamente a Peña Payano si La Fortaleza le instruyó directamente a Roig Fuertes que preserve los récords dentro del Departamento de la Familia, el funcionario respondió que le aplica a todos los secretarios en funciones.
“Fuimos bastante claros en que la transición tiene que darse conforme al estado de derecho, de una manera ordenada que la propia gobernadora (Jenniffer González Colón) y la secretaria de Gobernación (Norma Burgos) estarán pendientes a toda transacción y toda determinación que se haga en ese proceso”, dijo Peña Payano durante una sesión de preguntas en “En Récord”.
“Existe una protección de documentos públicos y ese tipo de transacciones. Todos los servidores públicos tenemos unas obligaciones respecto al uso, manejo y preservar de documentos públicos y también del equipo. El estado de derecho lo protege y hay unas consecuencias para empleados públicos que destruyen o afectan información o documentación pública”, agregó.
Los demandantes argumentan que la documentación que el Departamento de la Familia le entregó al Senado como parte de un proceso investigativo contiene una versión incompleta de un correo electrónico. Coccoloba Agroenvironmental reclama $2.5 millones en la demanda.
“La empresa tiene todo el derecho de ir al tribunal ante una reclamación, una preocupación que entienda genuina y el tribunal deberá expresarse si así desea hacerlo”, destacó Peña Payano. “El llamado de la gobernadora es que todos los jefes de agencias tienen que cumplir con la ley”.
La solicitud de Coccoloba mediante una moción es para proteger las comunicaciones enviadas, recibidas, archivadas y borradas, además de archivos, y registros desde el 1 de diciembre de 2025.
Roig Fuertes, quien presentó su renuncia el 16 de noviembre, continuará en el puesto hasta el 31 de diciembre.
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