Los demandantes solicitan preservar evidencia digital relacionada con un proceso de contratación ante la próxima salida de la secretaria Suzanne Roig Fuertes.
En medio de las controversias por los procesos de contratación en el Departamento de la Familia, la empresa Coccoloba Agroenvironmental LLC y el agrónomo Christian W. Torres Santana, acudieron este miércoles al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar una orden urgente que impida la pérdida o eliminación de correos electrónicos y otros registros digitales relacionados con una demanda contra la agencia y su secretaria, Suzanne Roig Fuertes.
La petición presentada cuestiona el manejo de comunicaciones electrónicas vinculadas a un proceso de propuestas del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).
Según los demandantes, el pasado 8 de enero Torres Santana notificó directamente a Roig Fuertes que su empresa no participaría en el proceso de propuestas.
Sin embargo, alegan que esa comunicación fue posteriormente reenviada al buzón oficial del procedimiento y, desde allí, remitida a Luis A. Pedraza González, presidente de LAP Consulting Group, bajo el asunto “Propuestas recibidas Proyecto TANF”.
La controversia gira, en parte, en torno a la documentación que el Departamento de la Familia entregó al Senado como parte del escrutinio sobre las contrataciones de la agencia.
Los demandantes sostienen que entre los documentos suministrados figura una versión incompleta del correo electrónico y que, hasta el momento, no han recibido los mensajes originales ni los registros electrónicos que permitirían examinar su contenido y circulación.
Ante ese escenario, solicitaron al tribunal que ordene preservar cinco cuentas de correo electrónico, equipos electrónicos y registros digitales relacionados con el caso.
La petición adquiere particular relevancia ante la anunciada salida de Roig Fuertes, quien presentó su renuncia como secretaria de la Familia, efectiva el próximo 31 de diciembre de 2026.
Los demandantes buscan evitar que los cambios administrativos asociados con esa transición puedan comprometer la conservación de documentos que consideran pertinentes para el litigio.
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