El Senado avaló una nueva alerta para activarse en casos de desaparición de personas con autismo.

El Senado aprobó dos medidas de la Cámara de Representantes en su sesión del jueves, para una amnistía de armas de fuego y para regular el proceso para llenar la vacante de un alcalde que muere o renuncia.

La Resolución Conjunta de la Cámara 353 ordena al superintendente de la Policía establecer una amnistía de 60 días para la entrega voluntaria de armas de fuego. Cubre armas ilegales, legales, heredadas, de personas fallecidas o con licencias vencidas. Quienes entreguen un arma no enfrentarán cargos por poseerla, pero la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) podrán investigar si estuvo relacionada con algún delito.

Las armas hurtadas que no estén alteradas se devolverán a su dueño registral. Dentro de los 180 días después de que termine la amnistía, la Policía tendrá que entregar a la Asamblea Legislativa un informe con la cantidad y el tipo de armas y municiones recuperadas.

En la sesión se aprobó también, con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 144, que enmienda el Código Municipal para regular la transición cuando la vacante de un alcalde ocurre por muerte, renuncia, destitución o incapacidad total y permanente. En esos casos, la transición tendrá que completarse en un máximo de 20 días naturales a partir de la certificación del alcalde entrante. Si la vacante se cubre por votación especial del partido, el alcalde interino tendrá que presentar un informe público sobre las finanzas y la administración municipal dentro de los 20 días siguientes al cese del alcalde saliente.

La medida establece que los alcaldes, funcionarios y empleados municipales tienen el deber ministerial de participar en la transición. También faculta al comité de transición entrante para tomar juramentos y emitir citaciones bajo apercibimiento de desacato.

Además, la Cámara Alta aprobó su proyecto 1200, una medida por petición que crea la “Alerta Protección Especial”, un sistema para difundir de inmediato la desaparición de personas con autismo, diversidad funcional u otras condiciones que afecten sus capacidades cognitivas, de comunicación o de orientación.

La medida atiende a una población que las alertas AMBER y Silver no cubren adecuadamente, porque muchas de estas personas no cumplen con los criterios de edad o de secuestro que exigen esos mecanismos. La Policía de Puerto Rico operaría el sistema y decidirá si procede emitir la alerta. Se haría en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el Negociado de Telecomunicaciones.

Según el proyecto de ley, para activar la alerta, la persona tiene que haber sido reportada como desaparecida y debe presentarse una certificación médica u otra evidencia confiable de su condición. Además, debe existir un peligro inminente de daño corporal o muerte. La edad no será un criterio determinante. Una vez se cumplan los requisitos, la alerta se activará de inmediato, sin que tenga que pasar un periodo de tiempo.