El proyecto asignaría deberes a Educación para capacitar a maestros y personal escolar, desarrollar protocolos de identificación y referido, y prohibir expresamente la humillación y el castigo desproporcionado de estudiantes por su condición.

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, presentó el miércoles el Proyecto del Senado 1593, que establecería en Puerto Rico la Carta de Derechos para las Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

El senador aseguró que la medida nació de familias, profesionales y organizaciones que viven esta realidad todos los días.

“Las familias nos dicen lo mismo una y otra vez: a pesar de que las personas con TDAH pueden estar cobijadas bajo marcos legales dirigidos a personas con impedimentos, diversidad funcional o necesidades especiales, dicho reconocimiento ha resultado insuficiente en la práctica para garantizar de manera consistente los servicios, acomodos, apoyos y protecciones que esta población requiere. Muchas familias continúan enfrentando procesos fragmentados, listas de espera prolongadas, desconocimiento institucional, falta de capacitación del personal escolar, ausencia de protocolos claros y dificultades para lograr que las necesidades de las personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad sean atendidas con la seriedad, dignidad y urgencia que ameritan”, abundó.

Hernández Ortiz y la senadora Ada Álvarez Conde expusieron que la isla no tiene un sistema oficial de vigilancia epidemiológica para el TDAH. Añadió que el Plan Vital del Gobierno atendió en promedio 27,302 menores de 18 años con diagnóstico de TDAH cada año entre 2019 y 2025, pero la condición no desaparece con la edad.

Actualmente, el Departamento de Educación (DE) atiende a 101,598 estudiantes en el Programa de Educación Especial, donde el TDAH se incluye bajo la categoría de otros impedimentos de salud. Sin embargo, no hay un desglose específico sobre este trastorno, dijeron los senadores.

El proyecto asignaría deberes al DE para: capacitar continuamente a maestros y personal escolar, desarrollar protocolos de identificación y referido, y prohibir expresamente la humillación y el castigo desproporcionado de estudiantes por su condición. También, crearía un sistema de vigilancia epidemiológica e impondría el deber de publicar datos por edad, sexo y municipio, así como el deber de desarrollar campañas contra el estigma. También establece que los padres y encargados tienen la responsabilidad de dar seguimiento a los referidos y recomendaciones. La medida se armoniza con la Ley 51 de 1996 de Servicios Educativos Integrales, con la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos y con la Ley 163 de 2024 sobre autismo.

Hernández Ortiz agradeció el liderato de todo el equipo de EducAcciónPR, “que tocaron la puerta de nuestra oficina para que hiciéramos realidad la presente medida y que se comenzara con esta discusión en Puerto Rico”. “Esta es una medida para miles de niños, jóvenes, adultos y familias que hoy luchan solos contra un sistema fragmentado. La medida fue presentada el 20 de octubre y fue asignada a la Comisión de Salud del Senado, ahora vamos a recabar que otros compañeros y compañas se unan como coautores y que logremos su aprobación muy pronto en el Senado… Un país que entiende a sus niños es un país que los ayuda a desarrollarse plenamente”, añadió.