Las querellas aún se mantienen bajo investigación.

Las ocho mujeres que presentaron querellas contra el exsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, rechazaron sus expresiones sobre la desestimación de las denuncias administrativas en su contra y lo acusaron de ofrecer una interpretación engañosa de las determinaciones emitidas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, en inglés).

En una carta divulgada públicamente, las querellantes sostuvieron que el cierre de los procedimientos administrativos no equivale a una determinación sobre los méritos de las alegaciones de hostigamiento sexual y acoso laboral que presentaron contra el exfuncionario.

“De ninguna manera ello constituye una adjudicación en los méritos de las querellas”, afirmaron las querellantes en una carta circulada por la exfiscal Zulma Fuster en sus redes sociales, al explicar que, según su interpretación, la EEOC desestimó administrativamente las reclamaciones y emitió lo que se conoce como un right to sue, o autorización para acudir a los tribunales.

Las firmantes señalaron que esa notificación les permite llevar sus reclamos ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, luego de agotar los remedios administrativos. También invitaron a los medios de comunicación a examinar las determinaciones de la agencia federal, que aseguran acompañaron con la carta.

Las querellantes cuestionaron, además, el momento en que Quiñones Rivera divulgó sus declaraciones. Según plantearon, el exsecretario hizo públicas sus expresiones un día antes de una citación relacionada con cuatro querellas distintas en su contra. No obstante, la carta no identifica a las firmantes ni ofrece detalles adicionales sobre esa citación.

“Le aseguramos al Pueblo de Puerto Rico que contamos con toda la evidencia para probar nuestras alegaciones”, expresaron.

El trasfondo de las querellas

La controversia trascendió públicamente en marzo de 2026, cuando se divulgaron alegaciones de una exempleada del DCR relacionadas con presunto acoso laboral, discrimen por razón de sexo y abuso de autoridad. La denuncia también incluyó señalamientos de supuesto hostigamiento sexual. Quiñones Rivera rechazó las imputaciones.

En octubre, el exsecretario informó que la EEOC había desestimado ocho querellas administrativas presentadas durante su gestión: una relacionada con alegaciones de hostigamiento sexual y otras siete vinculadas con presunto acoso laboral. Según la información divulgada entonces, la querella por hostigamiento sexual fue desestimada el 1 de septiembre, mientras que las restantes fueron desestimadas entre el 1 y el 14 de septiembre de 2026. .

La desestimación administrativa, por sí sola, no permite concluir que las alegaciones hayan sido probadas ni que un tribunal las haya declarado falsas. El alcance de la determinación depende de los fundamentos y términos del documento emitido por la EEOC, cuyo contenido íntegro no se ha podido corroborar de manera independiente para esta nota.

Advierten que continuarán el proceso

En su carta, las querellantes afirmaron que habían evitado pronunciarse públicamente mientras se desarrollaban los procedimientos, por respeto a los procesos. Acusaron a Quiñones Rivera de utilizar los medios de comunicación para presentar una versión que, a su juicio, tergiversa lo ocurrido.

Las mujeres también aseguraron que son empleadas públicas de carrera con décadas de servicio y describieron las situaciones denunciadas como experiencias de discrimen por razón de género, acoso y represalias. Esos señalamientos forman parte de sus alegaciones y no constituyen hechos adjudicados judicialmente.

Las firmantes agradecieron a profesionales del derecho y del periodismo que, según expresaron, han mantenido una postura de fiscalización, y reiteraron que continuarán sus reclamos en los foros oficiales correspondientes.

“Continuamos nuestra lucha en los foros oficiales correspondientes y confiamos plenamente en que la verdad prevalecerá”, concluyeron.

Hasta el momento, la carta no identifica por nombre a las querellantes ni incluye en el texto reproducido los fundamentos específicos de las determinaciones de la EEOC. La documentación íntegra de la agencia federal y cualquier acción posterior ante el tribunal serán claves para establecer el alcance de las decisiones administrativas y el curso que seguirán las reclamaciones.