La empresa dijo que la barcaza se tendría que retirar el sábado, pero jueza pidió evidencia de que la Guardia Costanera haya autorizado su entrada al puerto.

La jueza federal Silvia Carreño Coll impuso $10,000 de sanción a la empresa NFEnergía LLC, subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), por su “falta de sinceridad” en los 10 días de controversia legal por la entrada de la barcaza de gas AMUR River al Puerto de San Juan para suplir capacidad de generación que ahora se está cubriendo con diésel, un combustible más caro que el gas.

Además, ordenó a la empresa producir cualquier comunicación que tengan de la Guardia Costanera en la que ese cuerpo haya autorizado la entrada de la AMUR en el puerto. Hasta que esto ocurra, la embarcación no puede entrar.

Carreño Coll había advertido de las sanciones en una orden el jueves casi a medianoche. El viernes, representantes de NFEnergía realizaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que la orden de la jueza pedía información de seguridad y capacidad que ya estaba en el récord y sugirieron que la jueza no se había percatado.

Lo presentaron también como una maniobra que uno de los prácticos del puerto (los que maniobran la entrada y salida de todas las embarcaciones) estaba seguro que podía hacer y que los demás prácticos (que tienen demandada a la empresa desde el año pasado sobre medidas de seguridad de sus barcazas) no se atrevían a hacer. Uno de los representantes legales, Alberto Castañer Padró, aseguró que el gas era un combustible de tránsito tan seguro que en el estrecho de Hormuz un barcaza de gas fue impactada con un misil por el conflicto bélico en la zona y solo tuvo “daños cosméticos”.

La empresa también advirtió que la tripulación de la AMUR no había podido reabastecerse de suministros y que tendrían que abandonar el área hoy sábado, si no lograban entrar a puerto. Esto, añadieron, atrasaría la entrega de gas por varios días más.

En la tarde del viernes, cuando llegó la hora de cumplir con la orden, la moción que sometió la subsidiaria de NFE no fue suficiente para evitar que la jueza impusiera una sanción de $10,000 y advirtiera que impondría sanciones por $5,000 diarios hasta que cumplieran con los documentos para atender la controversia subyacente: si la barcaza puede o no puede transitar por la bahía y atracar de forma segura en el muelle que NFE controla y que es el único punto de entrada de gas natural en el norte de la isla.

NFE basó su conferencia en que uno de los pilotos que navegan todas las embarcaciones en el puerto, el único que no se unió a la demanda contra la empresa, estaba dispuesto a hacer la maniobra y que había sometido una declaración jurada en la que sostuvo que era seguro hacerlo. Pero la jueza ya había cuestionado cómo ese piloto (o práctico) pudo llegar a esa conclusión si la empresa no producía la información que pedían los otros pilotos y había sugerido que ese piloto, capitán Daniel Montes, pudo haber cometido perjurio.

Las mociones posteriores a la imposición de sanción, una de NFE y otra de los pilotos demandantes, mantienen viva la controversia sobre seguridad.

“El récord no refleja mala fe, falsa representación o dilación atribuible a NFE”, planteó la empresa al pedir que se le eliminara la sanción o que se le concediera una vista evidenciaria para defenderse. Argumentaron también que si la jueza concedía credibilidad al criterio de los pilotos demandantes sobre cuáles maniobras son seguras, debía concederle credibilidad al criterio del piloto que no es demandante y que está dispuesto a realizar el tránsito.

Sobre una de las condiciones que los pilotos demandantes dijeron que podía atender la seguridad, la presencia de remolcadores adicionales cerca de la AMUR para activarse ante cualquier eventualidad, NFE planteó que es un costo que no se puede pretender que ellos asuman porque no tienen “ninguna obligación legal” para pagarlas. Repitieron también lo que han planteado desde el inicio de la controversia hace 10 días, que la AMUR es “solo marginalmente más grande en eslora y manga” que las otras dos barcazas que habían usado hasta ahora.

Los pilotos demandantes, de la San Juan Bay Pilots Association, ripostaron indicándole a la jueza que al menos un elemento (las certificaciones de capacidad de las remolcadoras) se resolvió con la información que NFE entregó el viernes en la tarde, pero que otros no. Principalmente, que todavía no hay datos para concluir que la AMUR puede atracar de forma segura.

Resaltaron que la propia NFE ha concedido que el ancho de la AMUR es mayor a lo que manejan en su muelle ahora, pero no acaban de aclarar esa capacidad ni han producido un análisis de los amarres que sería necesario aplicarle. Sobre lo que Montes tuvo ante sí para concluir que podía hacer la maniobra, los demandantes dijeron que resulta ser la misma información que tuvieron ellos y la cual concluyeron que no era suficiente para determinar la seguridad de la maniobra.

Observaron que NFE no incluyo documentación para muchas de sus representaciones, incluyendo su aseveración de que la AMUR tendría que irse el sábado por falta de provisiones. Aseguraron que a ellos se les informó que la nave se pudo reabastecer el martes pasado y que eso se resolvía pidiéndole una declaración a los encargados de la nave.

“Los pilotos (demandantes) están disponibles, listos y prestos para traer a la AMUR River”, pero NFE tiene que producir lo que está en su poder producir: un permiso del Capitán del Puerto para permitir que entre una nave más ancha de lo que las instalaciones actuales de NFE están preparadas para recibir, demostrar que la nave cabe en el espacio que va a ocupar o, en la alternativa, que haya dos remolcadoras pendientes de la nave mientras esté en el muelle, dijeron.

Con esto, mantuvieron su oposición a que la maniobra se realice con lo que NFE ha entregado hasta ahora. La jueza acogió esa posición al pedirle a NFE evidencia de una autorización por parte de la Guardia Costanera. En esa segunda orden, el viernes en la noche, Carreño Coll también aclaró que atenderá por separado el tema de sanciones y de posible perjurio del capitán Montes.

Mientras, el Negociado de Energía dijo el viernes que los componentes de la red eléctrica, LUMA, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Genera PR (otra subsidiaria de NFE), deben informarle sobre esta interrupción del suministro de gas en los puntos de entrega de San Juan, que ocurre desde el 16 de septiembre, y sobre la operación de las unidades con diésel, en vez de con gas.

Vea: NFE enfrenta desacato federal por esconder información al tribunal sobre barcaza de gas