Las plataformas deberán comprobar la edad al crear una cuenta nueva mediante la solución de verificación de edad de la UE, que no retiene documentos de identidad ni datos biométricos.
EFE/EPA/RONALD WITTEK
Bruselas (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este jueves la Ley KIDS de la UE, que prohíbe a los menores de 13 años el acceso a redes sociales, fija en 15 años la edad mínima para abrir cuenta propia y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño.
La propuesta se articula en cuatro ejes: retraso del acceso a redes sociales (veto hasta los 13 años, minicuentas parentales de 13 a 15 con un máximo de una hora diaria); seguridad por diseño (prohibición de ‘scroll’ infinito, notificaciones nocturnas y ‘chatbots’ de IA que generen dependencia emocional); verificación de edad, y ejecución con auditorías obligatorias y expedientes resueltos en 90 días.
«Para que quede muy claro: un límite de edad no significa dejar a las tecnológicas libres de responsabilidad sobre el contenido de las plataformas, (que) han estado jugando con la salud mental de nuestros hijos», dijo en rueda de prensa la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
La norma establece un enfoque gradual por edades: veto de pantallas antes de los 3 años, acceso solo vía cuenta parental a vídeo infantil de 3 a 13, ‘minicuentas’ parentales de 13 a 15 y cuenta propia a partir de esa edad.
El reglamento se aplicará a redes sociales, plataformas de vídeo, videojuegos ‘online’, ‘chatbots’ y compañeros de inteligencia artificial (IA), tiendas de aplicaciones y sistemas operativos, quedando exentos los servicios educativos sin ánimo de lucro y los operados por autoridades públicas.
«Nos aseguramos de que nuestros hijos puedan disfrutar de sus derechos en internet: aprender, mantenerse conectados y explorar», dijo la vicepresidenta ejecutiva encargada de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, junto a Von der Leyen.
Pero, bajo estricta supervisión del tutor y con salvaguardas, como un límite máximo de uso, aprobar previamente los posibles nuevos contactos, y fijar un límite máximo en el número de otros usuarios a los que su hijo puede acceder a través de la cuenta del tutor», apuntó.
Las obligaciones de seguridad por diseño, que se aplican a todos los menores de 18 años, prohíben el desplazamiento (‘scroll’) infinito y definen las «horas nucleares de sueño» como al menos ocho horas consecutivas entre las 22.00 y las 08.00 hora local, periodo en el que quedan prohibidas las notificaciones automáticas.
Los ‘chatbots’ de compañía de IA deberán tener desactivada por defecto la memoria conversacional persistente con menores y no podrán simular relaciones interpersonales que generen dependencia emocional.
Los perfiles de menores deberán ser privados por defecto, con la geolocalización, la cámara y el micrófono desactivados, lo cual solo podrá modificarse a partir de los 15 años con consentimiento explícito del menor. Quedará prohibido por defecto también el uso de retransmisiones en directo (‘livestreaming’).
«Hasta hoy, muchas veces teníamos que buscar nosotros el diseño adictivo: se hablaba con las plataformas, prometían mejorar. El tiempo pasaba, y eso a costa de una infancia o una adolescencia», dijo Von der Leyen, y añadió: «Ahora es al revés. Si una plataforma quiere acceder a los menores, primero tiene que demostrar que es segura».
En los videojuegos, la norma prohíbe exponer a los menores a sistemas de recompensa variable, incluidos las cajas de botín («loot boxes»), por su vinculación con conductas compulsivas y de tipo apuesta.
Las plataformas deberán comprobar la edad al crear una cuenta nueva mediante la solución de verificación de edad de la UE, que no retiene documentos de identidad ni datos biométricos. La autodeclaración de edad no se considera, por sí sola, un método válido.
Para cuentas ya existentes bastarán indicios razonables, como la fecha de creación de la cuenta, sin necesidad de una verificación retroactiva generalizada.
La propuesta se remite ahora al Parlamento Europeo y al Consejo -los países- para su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario.
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