Sugiere examinar la relación entre los ingresos del arbitrio, el financiamiento de infraestructura y las obligaciones fiscales.

Orville Disdier, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y Ronald Hernández director de proyectos estadísticos, apoyaron durante una vista pública la Resolución del Senado 461 como parte de la investigación sobre el arbitrio al petróleo, comúnmente conocida como la “crudita”.

El director ejecutivo propuso integrar datos históricos de recaudos, importación y venta de combustibles; desglosar los componentes del precio final; y examinar la relación entre los ingresos del arbitrio, el financiamiento de infraestructura y las obligaciones fiscales. Señaló que el análisis debe distinguir el efecto del arbitrio de otros factores que influyen en el precio del combustible, como el costo internacional del petróleo, la refinación, el transporte y los márgenes de distribución.

También sugirió establecer un tablero público de indicadores con actualizaciones periódicas y acuerdos entre agencias que garanticen la calidad y confidencialidad de la información. Disdier explicó que un mismo costo puede afectar de manera distinta a los consumidores según sus ingresos, por lo que recomendó integrar indicadores de costo de vida, consumo energético y actividad económica.

Por su parte, Hernández destacó que la tabla de ingresos presentada en la ponencia utiliza datos del Departamento de Hacienda y distingue cuatro categorías de arbitrios sobre productos derivados del petróleo. Precisó que la categoría de “Petróleo crudo y derivados”, que agrupa los componentes conocidos como la “crudita”, registró recaudos de aproximadamente $371 millones durante el año fiscal 2025-26.

Para Puerto Rico, el análisis muestra un precio observado de $4.07 por galón y un escenario hipotético de $3.70 sin la “crudita”, calculado al restar aproximadamente 36.9 centavos por galón. La diferencia representa una reducción teórica si el importe completo del arbitrio se descuenta del precio al consumidor, por lo que no constituye una garantía del ahorro que se produciría en la práctica.

El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas destacó que el precio del combustible debe analizarse junto con las condiciones socioeconómicas de la población.