Sus aseveraciones colocaron al funcionario bajo fuego de posible perjurio.

El licenciado Osvaldo Carlo Linares ofreció el martes la versión más abarcadora hasta ahora de cómo el gobierno manejó la otorgación del recién cancelado contrato de energía temporera con valor de $5,800 millones.

Su versión está recogida en una ponencia escrita que entregó antes de participar en una vista pública ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Finalizada la audienncia, también compartió con la prensa.

Carlo Linares compareció a la Cámara como presidente de la empresa que administró el proceso de licitación en nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero bajo contrato con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), pero bajo directriz del Negociado de Energía (NE). Esta multiplicidad de representaciones, o encomiendas es una cualidad que tiene todo el proceso. Por ejemplo, la AEE y la AAPP tenían al mismo abogado representándolos en el proceso, Juan González Galarza.

Los dos elementos de su testimonio que más provocaron atención de los legisladores fueron: 1) su aseveración de que las tres empresas que participaron activamente en el proceso tuvieron intermediarios, a pesar de que las tres hicieron declaraciones juradas de que no tenían “cabilderos”; y 2) los detalles que ofreció sobre la participación que tuvo en todo momento la AAPP. En contraste con que el director ejecutivo de la agencia, y Zar de Energía, Josué Colón Ortiz, dijo la semana pasada a esa misma comisión cameral que su agencia solo dio seguimiento, pero no se involucró en cosas como negociaciones.

Cobijado en sus credenciales de exfiscal federal, el deponente afirmó que la empresa Power Expectations LLC, que encabezó el consorcio al que se le adjudicó el contrato a pesar de ser la de calificación más baja entre los proponentes, pudo haber cometido fraude. Esto, al representar al gobierno que la compañía Enchanted Rock LLC (ER) seguía en el consorcio al momento de la firma del contrato y al viabilizar que el convicto federal Jobadiah Sinclair «Jhoby» Weaks firmara en nombre de esa empresa. De hecho, acotó que ni siquiera se sabe si de verdad lo firmó él. Pero en su ponencia, Carlo Linares libró de culpa a los entes que intervinieron de parte del gobierno, como él, y argumentó que, igual que la víctima de una violación no es culpable de la misma, la víctima de un fraude tampoco lo es.

Al comenzar la vista, Carlo Linares dijo que contestaría todas las preguntas sin invocar el privilegio abogado cliente (que no le aplica porque en la transacción no actuó como abogado de nadie) ni a la excusa de que no podía hablar de una investigación pendiente, la cual él generó a nivel federal cuando recurrió a ese foro el mes pasado.

Sobre los intermediarios, planteó que su grupo indagó con los licitadores después de que juraran que no tenían cabilderos e identificaron que Javelin Global Commodities tenía de cabildero al exsecretario de la Gobernación de la Administración Fortuño Burset, Marcos Rodríguez-Ema; Gothams Energy LLC tenía al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas; y Power Expectations a Alfredo Escalera Navarro, de la firma Globalize LLC. Tras la vista, Gothams dijo, a través de otro bufete, que la participación de Maceira Zayas fue “estrictamente jurídica”. El deponente comentó que también habló con el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, porque dijo públicamente que Javelin le había hecho una “visita”.

El proceso de licitación se discutió en La Fortaleza con la gobernadora Jenniffer González Colón y el entonces secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, pero ninguno de estos empujó a favor de un licitante en particular, consignó Carlo Linares.

En su turno ante la comisión el 3 de septiembre, Colón Ortiz calificó su intervención en la licitación y adjudicación del contrato como solo de “seguimiento” y específicamente negó haber participado de reuniones o negociaciones. Sin embargo, como anejo a su ponencia, Carlo Linares entregó a la comisión una serie de “correspondencia e invitaciones de reunión de (Colón Ortiz)”, que abarcan de septiembre de 2025 hasta el 12 de junio de 2026. Dijo a los legisladores que eran una “veintena” de reuniones y que “mi contestación es clara: la AAPP estuvo envuelta”.

El portavoz popular, Héctor Ferrer Santiago, pidió a la comisión que iniciara el trámite para referir a Colón Ortiz a las autoridades por perjurio y lo llamó el “Zar de la mentira”. A preguntas de la prensa, Carlo Linares admitió que Colón Ortiz es el creador de un ‘chat’ que incluye a “de seis a ocho personas”, y que ha estado divulgando El Nuevo Día en la que el director de las AAPP aparece presionando para la firma del contrato. El deponente es parte de ese chat, así como la entonces directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata Acosta, el abogado González Martínez, el abogado interno de la AEE, Alexis Rivera Medina (quien fue socio de González Martínez), la asistente de Carlo Linares, Mariela Quiñones, y “otras partes envueltas en estas transacciones”. Es un “chat de negocios” dijo sobre lo que ahora tendrá que entregar también a la comisión cameral.

Uno de esos mensajes fue el día de la firma del contrato y Colón Ortíz instruye a los abogados a asegurarse de que Zapata Acosta lo firmara ese mismo día. Carlo Linares le explicó a la comisión que la AEE era la única parte que no tenía límite de tiempo para firmar, pero que la evaluación del contrato por parte de ellos, y su firma, ocurrió en “horas”.

A preguntas de este diario digital de por qué su grupo siguió adelante con el contrato y buscó acomodar a Power Expectations aún con las varias banderas rojas que levantó la participación de esa empresa desde el principio del proceso, Carlo Linares dijo que su grupo “solamente daba recomendaciones” y que eran la AEE y la AAPP “las que tomaban las determinaciones y seguíamos pa’ lante”. Desde el año pasado, el propio Carlo Linares había concluido que Power Expectations no tenía la capacidad ni el dinero para cumplir con el contrato y que la presencia de Enchanted Rock en el consorcio era crucial. A pregunta de por qué no descartar a Power Expectations y simplemente hacer el negocio directo con la otra empresa, respondió que “yo no soy el que determina la necesidad que tenía el gobierno, son políticas públicas”.

Pero en su ponencia escrita, el contratista proveyó justificaciones para todas las formas en que el gobierno siguió adelante con la firma de contrato, a pesar de elementos que podrían levantar sospecha. Entre las justificaciones que hay en la ponencia, el presidente de Power Expectations, Eddie David Echevarría Ledesma, tenía expediente criminal en Florida por agresión a un oficial, pero ese no es uno de los delitos por los cuales la ley de Puerto Rico descalifica a un licitador en negocios públicos. Negociaron con Javelin y con Power Expectations, pero Javelin quería una garantía de pago mínimo y Power Expectations estuvo dispuesto a seguir sin garantía y por eso siguieron con Power Expectations. Cuando distribuyeron el borrador del contrato para firma, el registro electrónico les arrojó que Enchanted Rock abrió el documento dos veces, pero en ninguna de las dos pidió que se detuviera el proceso de firma.

Otras son que los mensajes que recibió Colón Ortiz antes de la firma del contrato de parte de un abogado para “aclarar” la participación de Enchanted Rock no decían realmente que Enchanted Rock ya no era parte del consorcio y se podían interpretar como que seguían participando. “Las comunicaciones debieron expresarlo categóricamente y solicitar que se detuviera el trámite de firma”, escribió el contratista de la AAPP. Cuando Power Expectations les dijo que había cambiado el representante de Enchanted Rock, y que ahora sería Weaks, el grupo de Carlo Linares “tomó en consideración el tracto de representación, coordinación y conducta observado durante más de un año entre Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor Group (el otro miembro del consorcio)” para determinar que podían seguir con Weaks representando a Enchanted Rock. Añadió que no tenía los recursos, ni estaba bajo la obligación de hacer una indagación sobre Weaks antes de aceptarlo como firmante nuevo por Enchanted Rock.

También, cuando Power Expectations planteó cambiar a Enchanted Rock por otra compañía apenas dos días después de la firma del contrato, y en momentos en que ya el gobierno conocía de las alegaciones de fraude de parte de Enchanted Rock, Carlo Linares recomendó a la AEE que lo aceptara porque ya el contrato estaba adjudicado al consorcio y eso los exponía a demandas de parte de Power Expectations.

Carlo Linares añadió que, cuando supieron del trasfondo criminal de Weaks, decidió no hacerle acercamientos porque, por su experiencia federal, “yo no puedo hablar (con un cooperador federal), eso le toca al FBI”. A insistencias de NotiCel, admitió que nadie tiene prohibido hablar con un cooperador federal, como lo es Weaks, y que fue que “yo no me atrevo… es impropio de un abogado acercarse a un cooperador federal”.

El también comentarista radial esgrimió de dos formas distintas el período de un mes que estuvo sin contrato vigente con la AAPP y que cayó en medio del escándalo. Por un lado, dijo que, como no tenía contrato, no le comunicó a la AEE, su representada en la transacción, sobre las alegaciones de fraude contra Power Expectations. También, porque no se imaginaba que ninguno de los demás participantes, incluyendo Colón Ortiz y el abogado González Galarza, iban a dejar a oscuras a la directora ejecutiva de la AEE, como alega esta que sucedió. Pero, por otro lado, confirmó que, estando sin contrato, participó en una reunión “de emergencia” con Colón Ortiz, Power Expectations, la AEE y otros en la que se discutió el miembro nuevo del consorcio y también hizo indagaciones y dió una recomendación formal al respecto.

“No lo facturé y no es la primera vez que me pasa, de hecho, al día de hoy no hemos cobrado un centavo”, dijo sobre esa gestión que hizo sin contrato, al añadir que no sabe quién le va a pagar el trabajo hecho hasta ahora.

Carlo Linares confirmó que el mismo martes también enviaría un paquete de información sobre la transacción a un grupo de congresistas demócratas, encabezados por el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera.

La comisión tiene pendiente que la AEE y la AAPP releve a González Martínez del privilegio abogado cliente para que pueda contestar preguntas sobre su participación en el proceso y también la comparecencia de Zapata Acosta el 21 de septiembre.