Las agencias del Ejecutivo que podrían fundamentar y defender la medida se ausentaron de una vista pública cameral sobre el proyecto.

La propuesta legislativa de la gobernadora para garantizar un pago mínimo de $1,000 a 53,481 empleados públicos pensionados costaría $232.6 millones anuales y está en “posible conflicto” con el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) autorizado por la jueza de quiebras Laura Taylor Swain y que prohíbe por 10 años legislación que cree o amplíe beneficios de pensión.

Así lo concluye un informe de impacto fiscal que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) emitió para esa medida de administración (el proyecto 1399 en la Cámara de Representantes y el 1428 en el Senado).

El informe fue divulgado el viernes durante la primera vista pública para la medida en la Comisión de Retiro de la Cámara, a la que se ausentaron las agencias del Ejecutivo que podrían explicar el origen del dinero y cómo sobrepasar el osbtáculo del PAD, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

El único ponente, la Junta de Retiro, exhortó a la presidenta de la comisión, Lourdes Ramos Rivera, a seguir adelante con la medida. “La existencia de estas disposiciones no debe impedir que la Asamblea Legislativa explore, de manera responsable, alternativas que permitan adelantar el propósito de justicia social que persigue el Proyecto de la Cámara 1399”, dijo su director ejecutivo, Arnaldo Ortiz.

El representante Denis Márquez Lebrón, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dijo que su delegación apoyará la medida pero expresó dudas sobre si el PAD sería enmendado para atender este ajuste de pensiones y observó que el proyecto todavía deja fuera del ajuste a unos 1,305 maestros jubilados. Añadió que aún $1,000 mensuales no son suficientes para “vivir dignamente”.

La Junta de Retiro dijo que el pago de pensión promedio en la isla es de $1,280 mensuales, pero eso implica un espectro de cantidades desde los que reciben algunos cientos de dólares mensuales hasta los que reciben varios miles mensuales, como los pensionados de las corporaciones públicas.

La presidenta criticó que el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, se excusara de la vista mediante una carta en la que consignó que se opone a la medida y que no es viable por la prohibición en el PAD. “Este hecho es uno de conocimiento general, por lo que puede dar la impresión de que esta administración pretende engañar a nuestros pensionados con una propuesta irreal e irresponsable”, añadió.

La Junta de Retiro indicó que la medida beneficiaría a cerca de 53,500 pensionados divididos entre 49,000 jubilados del gobierno central bajo la Ley 447-1951 y otros 4,500 maestros en virtud de la Ley 160-2013.
Ramos Rivera comentó que “La Junta (de Control Fiscal) me dice que no… y yo voy a pelear como he hecho otras veces”.

Vea el informe de la OPAL