El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia dejó grietas en sus apartamentos, techos desprendidos y estructuras que ahora miran con temor, sin saber si podrán volver a entrar.

CALI — En la Reserva de Meléndez, un conjunto de apartamentos situado en una de las laderas de la ciudad colombiana de Cali, unas 200 familias intentan dormir desde hace dos noches bajo carpas levantadas frente a los edificios que hasta hace pocos días llamaban hogar.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia dejó grietas en sus apartamentos, techos desprendidos y estructuras que ahora miran con temor, sin saber si podrán volver a entrar.

«Cuando comenzó a temblar, muchos no sabíamos hacia dónde correr. Algunos bajaron a toda prisa por las escaleras, otros salieron con lo que alcanzaron a tomar y algunos apenas tuvieron tiempo de sacar a sus hijos», dijo a EFE Katherine Almeida, una joven que se ha convertido en una de las voceras de la comunidad.

Ahora, las carpas se han convertido en sus habitaciones y refugios. Allí guardan la ropa, fotografías, documentos y los pocos objetos que pudieron rescatar. También duermen sus mascotas, que permanecen junto a las familias en medio de la incertidumbre.

La mayoría de estos vecinos compró sus apartamentos mediante créditos que todavía están pagando. Otros viven de alquiler y aseguran que no tienen otro lugar a dónde ir.

«Las torres quedaron destruidas, no sabemos si podremos volver a entrar. Nos falta que el Gobierno mande personas expertas en suelos para que nos diga si podemos volver a ellas, pero las grietas son enormes», cuenta Almeida.

La espera está marcada por el miedo. «Muchos nos han ofrecido vivienda, un albergue para ir a quedarnos, pero no queremos salir por miedo a que nos saqueen lo poco que tenemos», explica la joven.

Tragedia en carne propia

Los vecinos mezclan la incertidumbre con el luto por una mujer que murió cuando intentaba proteger a sus hijos durante el terremoto. Según los relatos de vecinos, la madre abrazó a sus dos pequeños, una niña de dos años y un niño de seis, cuando una pared se desplomó sobre ella.

«Cuando la encontraron ya no tenía vida. El niño fue dado de alta y la niña está en cuidados intensivos. Nos duele que niños tan pequeños se queden sin mamá», dice la líder comunitaria.

El dolor se suma a una sensación de vulnerabilidad que ya estaba presente en el sector.

Este barrio está ubicado en la Comuna 18, una de las zonas pobres de Cali, donde vivía María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada y que fue asesinada el mes pasado para robarle el bebé que esperaba.

Solidaridad entre las grietas

El Ejército ha entregado carpas para que las familias puedan pasar las noches, mientras vecinos de otros sectores de la Comuna 18 llevan alimentos y agua. Médicos y psicólogos voluntarios recorren el campamento y atienden a quienes necesitan asistencia física o emocional.

Los propios habitantes han organizado turnos para vigilar las viviendas y evitar robos mientras continúan las evaluaciones de las estructuras dañadas por el temblor.

Al mediodía, el calor supera los 30 grados y las carpas se convierten en espacios sofocantes. Aun así, los niños intentan jugar. En medio de la emergencia, grupos de voluntarios y payasos llegan para hacer actividades y distraerlos.

Muchos de ellos todavía no comprenden por qué no pueden regresar a sus habitaciones, por qué sus juguetes quedaron dentro de apartamentos con grietas o por qué deben dormir al lado de sus padres bajo una lona.

Según la Alcaldía de Cali, el terremoto dejó 46 edificaciones con colapso total, otras 46 con colapso parcial y 1.142 con daños estructurales. Además, 18 edificios tienen orden de evacuación por riesgo inminente.

Las autoridades han retirado hasta ahora 8.236 toneladas de escombros, mientras 1.800 rescatistas oficiales continúan activos en distintos puntos de la ciudad.

En Reserva de Meléndez, sin embargo, la emergencia no termina cuando las máquinas se detienen. Para estas familias comienza otra espera: la de los estudios que determinen si sus viviendas son habitables, la de las respuestas de las autoridades y la de saber qué ocurrirá con los hogares que todavía están pagando.