Además de los vetos, la gobernadora convirtió en ley tres medidas y firmó cinco resoluciones conjuntas relacionadas con proyectos de infraestructura, transferencias de terrenos y designaciones oficiales.

La gobernadora Jenniffer González Colón dejó sin efecto, mediante un veto de bolsillo, seis medidas legislativas aprobadas por la Asamblea Legislativa: los proyectos del Senado 509, 627, 898 y 1085, así como las resoluciones conjuntas del Senado 32 y 43.

El Proyecto del Senado 509 proponía crear un Protocolo de Intervención Interdisciplinaria para Estudiantes con Patrones Crónicos de Ausentismo en las escuelas públicas. La medida ordenaba al Departamento de Educación establecer mecanismos de alerta para detectar ausencias recurrentes, activar un grupo interdisciplinario para evaluar cada caso y desarrollar un programa de apoyo y seguimiento para los estudiantes afectados.

Por su parte, el Proyecto del Senado 627 buscaba crear y delimitar el Destino Turístico Paraíso del Este, además de ordenar la preparación de un plan estratégico de desarrollo turístico y mercadeo, crear una junta ejecutiva, establecer comités de infraestructura, educación y mercadeo, elaborar un inventario de instalaciones y atractivos turísticos y coordinar iniciativas de desarrollo en los municipios que integran esa región.

El Proyecto del Senado 898 proponía reconocer oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como el idioma natural de la comunidad sorda en Puerto Rico. La medida también establecía como política pública la protección de los derechos lingüísticos de esa población y ordenaba la realización de un censo para recopilar información estadística sobre la comunidad sorda.

Mientras, el Proyecto del Senado 1085 enmendaba la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores para ampliar la protección de ese sector en el ámbito del deporte adaptado, mediante nuevas disposiciones dirigidas a garantizar su acceso y participación.

La gobernadora también vetó la Resolución Conjunta del Senado 32, que ordenaba al Departamento de la Vivienda realizar un inventario y la depuración de solares y fincas vacantes bajo usufructo, además de digitalizar esa información para facilitar el acceso público y gubernamental.

De igual forma, dejó sin efecto la Resolución Conjunta del Senado 43, que disponía la digitalización de los expedientes originales, planos y documentos técnicos del Departamento de la Vivienda, especialmente los relacionados con propiedades bajo usufructo o en proceso de actualización, con el propósito de preservar la información ante desastres naturales u otras emergencias.

Además de los vetos, la gobernadora convirtió en ley tres medidas. La Ley 158-2026 establece un procedimiento para uniformar la titularidad de bienes inmuebles del Gobierno cuando no exista documentación suficiente; la Ley 159-2026 designa la Finca Gabia, en Coamo, como el Bosque Gabia para fortalecer su protección ambiental; y la Ley 160-2026 amplía las exenciones para el uso de cristales de visión unidireccional a personas con trastorno del espectro autista, trastorno del procesamiento sensorial y otras condiciones con hipersensibilidad sensorial severa. Asimismo, firmó cinco resoluciones conjuntas relacionadas con proyectos de infraestructura, transferencias de terrenos y designaciones oficiales.