La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres López, presentó una demanda en el tribunal federal contra los fiscales especiales independientes (FEI) que tramitaron la acusación que enfrentó y que terminó con una declaración de no culpabilidad el año pasado, proceso que duró unos cinco años.

Los FEI demandados son Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz, quienes, según el registro de la Oficina del Contralor, mantienen contratos vigentes hasta diciembre con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). También está demandado Exel Joel López, quien promovió las quejas que desembocaron en el procesamiento de Torres López, así como una queja ética ante el Tribunal Supremo.

La reclamación alega que a Torres López se le violaron sus derechos constitucionales porque se retuvo evidencia que los fiscales debían haber entregado y porque estos continuaron con el caso a pesar de la evidencia que tenían que contradecía las alegaciones de López. Esencialmente, este imputó que su entonces jefa en la JRT le había instruido a ejecutar un plan para recaudar fondos para la campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares presionando a los ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones que la junta regula.

El procesamiento de Torres López incluyó que la OPFEI autorizó extender inmunidad a dos testigos, al denunciante López y a Katherine Erazo García, quien al momento de los hechos era ayudante de Torres López por contrato, pero que ha desempeñado funciones de recaudación de fondos en varias campañas y ha sido también jefa de personal del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

De hecho, la evidencia en el caso es que fue Erazo García la que, en la oficina de Torres López en la JRT, dijo que “el gobernador Rosselló Nevares había ordenado a cada una de las agencias del ejecutivo recaudar fondos para su campaña de reelección”.

La reclamación federal es que los FEI actuaron con negligencia crasa en este caso al no investigar evidencia exculpatoria, permitir que se virtiera testimonio falso de parte de sus testigos, y no divulgar a la defensa testigos a los que habían entrevistado. También se les imputa violentar su deber de honestidad, incurrir en dilaciones indebidas y de actuación indebida al proponer el retiro de la querella ética ante el Supremo como una herramienta para negociar el caso y que Torres López se declarara culpable y pagara una multa.

La supuesta evidencia exculpatoria principal es que López hizo declaraciones de que su jefa habría dado las órdenes de recaudación de fondos en su oficina el 17 de mayo de 2018, pero ella partió a Ciudad México para una actividad oficial del 14 de mayo hasta el mismo 17 de mayo, cuando regresó a San Juan en un vuelo tarde en la noche. La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ya había determinado no proceder contra Torres López al determinar que la denuncia de su subalterno no tenía mérito y que había provisto información falsa bajo juramento. Incluso, lo refirieron al Departamento de Justicia para investigación por perjurio.

La demanda también resalta que López inició sus querellas contra Torres López un mes después de que esta hubiera iniciado procesos disciplinarios, y una querella policial, contra él por haberse apropiado sin autorización de los accesos a las redes sociales de la junta.

“Los demandados, en su capacidad personal, son responsables por la manera negligente e intencional en la que llevaron a cabo su investigación”, indica la demanda radicada el jueves al añadir que el proceso criminal fue “eztenso y emocionalmente doloroso, oneroso, drenante, agotador y agonizante” para la exfuncionaria.

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No culpable la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones