Por lo menos cinco clientes de la firma de abogados Reichard & Escalera, bufete de Héctor Reichard de Cardona, se beneficiaron con sobre $74 millones del DDEC.

El futuro de los contratos millonarios de incentivos que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, le atribuye a Sebastián Negrón Reichard mientras dirigía el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) es incierto.

Según expresó Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, sería especulativo afirmar si los mismos serán anulados o, por lo contrario, continuarán vigentes.

“Se estarán evaluando el proceso con respecto a eso”, sostuvo Peña Payano cuando fue cuestionado durante “En Récord”. “Al momento no tengo una contestación de qué ocurrirá con esos contratos y será negligente decir si se van a cancelar o no”.

Los documentos presentados por Domenech contiene anejos que acompañan una declaración jurada firmada por la abogada Melissa López Rosado, Negrón Reichard cometió al menos cinco delitos de corrupción, por conflictos de intereses. Presuntamente, por lo menos cinco clientes de la firma de abogados Reichard & Escalera, bufete de Héctor Reichard de Cardona se beneficiaron con sobre $74 millones.

Dicha firma de abogados le pertenece al abuelo del ahora exsecretario del DDEC.

Peña Payano señaló que la Oficina de la Contralor y, tal vez, la Oficina del Inspector General analizarán los contratos otorgados antes de tomar una decisión. De hecho, esquivó responder si amerita la cancelación de los contratos en cuestión.

“Adjudicar, dar una opinión o un análisis como secretario de Asuntos Públicos sería irresponsable. Sería justo que sean las entidades con jurisdicción las que emitan ese análisis y lo comunicaremos como siempre los hacemos”, insistió.

Las denuncias de posibles irregularidades dirigidas hacia Negrón Reichard surgen ocho meses después de que concedieron los mencionados contratos.

“Según ha expresado (Domenech), se estaba acumulando más información. Necesitaba recopilarla y mucha de ellas fueron reciente, según el secretario de la Gobernación. Por eso hasta esta fecha hizo esa declaración jurada y los referidos pertinentes. Repito, es por información que le consta, información que tiene en su teléfono, información que divulgó, que narró, se tomó su tiempo y a él (Domenech) le consta”, sostuvo Peña Payano.

El pasado mayo, Negrón Reichard presentó su carta de renuncia secretario del DDEC atribuyendo que “esa confianza ya no existe, lo que hace imposible continuar en el puesto con la integridad que se requiere y la lealtad que Puerto Rico merece”. La noticia tomó por sorpresa a la gobernadora Jenniffer González Colón y hasta catalogó a Negrón Reichard como “una estrella en el gabinete”.

“Fue un reconocimiento genuino de cómo lo consideraba. Información que surge ahora de esa declaración jurada describe la realidad que él (Domenech) entiende y bajo juramento sabiendo las consecuencias. Es un gesto de que en Puerto Rico no habrá impunidad para nadie”, recalcó Peña Payano.

Negrón Reichard radicó una querella ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) solicitando que se investigue a Domenech presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública. Según la querella, dos empleadas del DDEC le informaron sobre presuntas presiones indebidas ejercidas sobre miembros del comité evaluador con el objetivo de favorecer a un proponente específico.

Se alegan instrucciones atribuidas al secretario de la Gobernación dirigidas a detener una suspensión de Norberto Almodóvar, quien era el exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y, a su vez, a Charlene Neuman, jefa de personal de la oficina.

Según Peña Payano, desde el pasado mayo la división de Recursos Humanos del DDEC evalúa la determinación de imponer una suspensión a Almodóvar.

“(Almodóvar) es un empleado de carrera. Tienen unos derechos adquiridos y todavía Recursos Humanos está haciendo una evaluación a esos méritos. Ellos están agotando las diferentes licencias que tienen en lo que se termina la evaluación”, explicó Peña Payano. “Es una investigación de si se hizo correctamente o no la suspensión sumaria, los derechos que tienen y como empelados de carrera, sobre todo Norberto, tienen el derecho de cuestionar