La directora de Matria coincidió con la hermana de la víctima, que está exponiendo las fallas del tribunal de no haberle otorgado a tiempo la orden de protección a Gemillies.

Los tribunales de Puerto Rico tienen que asumir con mayor compromiso el gran deber de salvar vidas de mujeres víctimas de violencia doméstica que les solicitan órdenes de protección y en esa responsabilidad hubo un grave retroceso con el feminicidio de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, quien fue asesinada tras no lograr el amparo judicial que solicitó, denunció la directora ejecutiva de Proyecto Matria.

“Acabamos de tener un retroceso bien grande. Es como si estuviéramos hablando del caso de Andrea Ruiz Costas, a quien hace unos años le negaron una orden de protección y fue asesinada. El poder judicial había hecho unos ajustes internos y adiestramientos al personal, luego de ese feminicidio y de los trabajos del Comité PARE, pero ahora con esta joven madre asesinada por su pareja estamos viendo que los jueces y juezas no están haciendo el análisis de riesgo y letalidad de la víctimas”, declaró Enid Pérez Rodríguez, directora ejecutiva de la organización feminista Proyecto Matria.

Pérez Rodríguez explicó que en los casos de órdenes de protección por violencia doméstica se requiere un análisis de riesgo y letalidad, con un formulario de análisis que ya utilizan las organizaciones sin fines de lucro que atienden estos asuntos.  “Esto permite ver que, aunque ese caso tenga otros asuntos de relaciones de familia, si esa persona que está ahí al frente del juez tiene una situación de riesgo inminente en que puede ser asesinada, en efecto necesita una orden de protección.  Este formulario de análisis de riesgo y letalidad es parte de un proceso que yo entendía que el poder judicial estaba incluyendo en los adiestramientos de su personal. Es importantísimo sobre todo para las personas que toman las decisiones sobre las vidas de las mujeres”, indicó.

La directora de Matria coincidió con la hermana de la víctima, que está exponiendo las fallas del tribunal de no haberle otorgado a tiempo la orden de protección a Gemillies. “La hermana tiene toda la razón en hacer esta denuncia. Es muy lamentable que esta familia tenga que vivir este dolor en este momento y que esos niños queden en orfandad, que veamos las fallas del sistema con un nuevo feminicidio. Este feminicidio nos demuestra que queda mucho trabajo por hacer. Y esta decisión de este tribunal en esa vista de protección final retrocedió en lo poquito que se había logrado y ahora el Poder judicial tiene ante sí  la responsabilidad de un feminicidio, nuevamente, como pasó con Andrea Ruiz Costas. Tienen que dar la cara por este fallo estructural que costó la vida de otra mujer”, manifestó.

Pérez Rodríguez destacó que los adiestramientos en los tribunales deben revisarse y recalcar cuán importantes son las órdenes de protección y que en casos de riesgo de violencia hay que otorgarlas aunque haya otros asuntos pendientes en las salas de relaciones de familia. “Los jueces y juezas no pueden tener miedo a la hora de dar una orden de protección. Y considerar también la cantidad de tiempo que se le da a esas órdenes. No podemos tener jueces que dan una orden de protección de solo tres meses cuando es una situación de gran riesgo y letalidad. Pueden dar órdenes de un año, dos años, tres años, incluso más tiempo cuando se trata de una situación de tanto riesgo y letalidad que así lo amerita. Así que como jueces no deben tener miedo, no les puede temblar la mano para tomar decisiones que van a proteger la vida de las mujeres”, declaró.

Recordó que las mujeres que viven en ambientes de violencia doméstica y temen por sus vidas pueden llamar a la línea de emergencia de Matria, el 787-489-0022, los siete días de la semana veinticuatro horas al día. A través de esa línea pueden canalizar trasladarse ellas y sus hijos, a uno de los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico.

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