En el referido y alegato de Domingo Torres García se incluyó una declaración jurada y evidencia electrónica de un intercambio de mensajes atribuido a la entonces comisionada Natalia Zequeira y una amiga.

El representante y portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Domingo Torres García, presentó un referido al Departamento de Justicia en el cual solicita una investigación contra la excomisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira, y la actual comisionada de la agencia, Mónica Rodríguez Villa, por supuestos actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.

“El referido surge tras la obtención de una declaración jurada y evidencia electrónica que, revela un patrón alarmante donde el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales”, dijo Torres García en declaraciones escritas.

En el referido y alegato de Torres García se incluyó una declaración jurada y evidencia electrónica de un intercambio de mensajes atribuido a la entonces comisionada Natalia Zequeira y una amiga, la cual tuvo una relación sentimental con el gerente de una empresa de alquiler de vehículos.

Se alega que, cuando la relación terminó, la mujer le solicitó a Zequeira que interviniera contra la empresa lo que culminó en multas de decenas y cientos de miles de dólares, así como denegatorias de licencias.

Según el documento sometido a Justicia, la conversación incluye expresiones como:

“No sé cuánto tiempo te quedas, pero cuando vayas a multar le añadas Croqueta Fee y Cabr&n Fee”.

A lo que alegadamente la entonces funcionaria respondió:

“Que se vaya a coger x el cul&… Yo lo mataría x ti. But he deserves a long and painful death”.

“El país tiene que preguntarse si en Puerto Rico se estaban imponiendo multas regulatorias basadas en evidencia y ley… o basadas en corajes personales, amistades y venganzas privadas. El llamado ‘Croqueta Fee’ simboliza exactamente el tipo de degradación institucional que no podemos permitir”, añadió el representante.

Según el representante, la situación contra la empresa se mantuvo bajo la actual comisionada, Mónica Rodríguez Villa.

El referido solicita al Departamento de Justicia una investigación independiente y exhaustiva sobre las actuaciones denunciadas, incluyendo la preservación inmediata de toda evidencia electrónica relevante, la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales, la determinación de conflictos de interés dentro de la OCIF y un posible referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico por conducta incompatible con la profesión legal.