La medida surge a raíz de información contenida en una acusación federal contra integrantes de la ganga carcelaria conocida como “Grupo 31” o “Los Tiburones”, así como de una investigación periodística que apunta a la posible existencia de un esquema.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, anunció hoy la radicación de la Resolución de la Cámara 693, mediante la cual se ordena a la Comisión de Seguridad Pública investigar un presunto esquema de trasiego de drogas dentro de instituciones correccionales a cambio de votos en el proceso eleccionario de 2024.

“Las denuncias que han salido a la luz pública son sumamente serias y atentan contra la integridad de nuestro sistema democrático. No podemos permitir que alegaciones de compra de votos, intimidación a confinados y posible participación de empleados públicos queden sin ser investigadas a fondo”, expresó Ferrer Santiago.

La medida surge a raíz de información contenida en una acusación federal contra integrantes de la ganga carcelaria conocida como “Grupo 31” o “Los Tiburones”, así como de una investigación periodística que apunta a la posible existencia de un esquema en el cual se presionaba a confinados para votar de determinada manera a cambio de acceso a drogas o beneficios dentro de las instituciones penales.

Según explicó el portavoz popular, la resolución busca esclarecer si el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tenía conocimiento de estas actividades, si colaboró con las autoridades federales, y si empleados de la agencia participaron o facilitaron el esquema. Además, se investigará si campañas políticas se beneficiaron directa o indirectamente de estas prácticas ilegales.

“Si hubo intimidación, fraude electoral o complicidad institucional, el país tiene derecho a saberlo y los responsables deben enfrentar las consecuencias”, sostuvo Ferrer Santiago.

La investigación también examinará si se otorgaron privilegios o castigos a confinados según su comportamiento electoral, así como las medidas adoptadas por el DCR tras la acusación federal contra la referida ganga en diciembre de 2024.

Finalmente, Ferrer Santiago reiteró que la Cámara de Representantes tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar y garantizar la transparencia en la gestión pública. 

“Esperamos que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) tome este asunto con seriedad y no mire hacia otro lado ante alegaciones tan graves”, subrayó Ferrer Santiago.