Las facultades decisionales, ejecutivas y presupuestarias de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y los Claustros quedarán suspendidas y transferidas íntegramente a la Junta de Gobierno.

El representante Jorge Navarro Suárez anunció hoy la radicación del Proyecto de la Cámara que crea la “Ley para la Estabilización Institucional, Operacional y Fiscal de la Universidad de Puerto Rico de 2026”.

La medida propone una intervención legislativa de emergencia, “para reestructurar transitoriamente la gobernanza del primer centro docente del país por un término improrrogable de cinco años”.

El proyecto surge ante lo que la exposición de motivos describe como una crisis estructural, recurrente y multifactorial sin precedentes. Navarro culpa directamente a las recientes acciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que rechazó el presupuesto de la UPR para el año fiscal 2026, condicionó la entrega de $40 millones a la consolidación de los recintos de Aguadilla, Arecibo y Utuado, y proyecta recortes acumulados que ascienden hasta los $512 millones.

Navarro dijo que el estancamiento sistémico es producto de múltiples centros de poder fragmentados por lo que propone ampliar la composición de la Junta de Gobierno de la UPR durante los próximos cinco años. A los 13 miembros actuales se sumarán, con voz y pleno derecho al voto, el presidente o presidenta de la Universidad y los once rectores o rectoras de los recintos y unidades autónomas.

“Durante años, hemos visto cómo las decisiones urgentes se estancan en un laberinto burocrático. Con esta ley no estamos creando una estructura nueva ni trayendo administradores externos; estamos dándole voz, voto y poder decisional en la Junta de Gobierno a los rectores y al presidente, que son quienes verdaderamente conocen las necesidades operacionales diarias de sus recintos”, explicó el legislador.

Durante este “período extraordinario”, las facultades decisionales, ejecutivas y presupuestarias de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y los Claustros quedarán suspendidas y transferidas íntegramente a la Junta de Gobierno, reduciendo a estos cuerpos internos a funciones estrictamente consultivas y de asesoramiento. “Toda decisión interna que pretenda contravenir a la Junta será declarada nula”.

La medida también prohíbe expresamente toda acción institucional, administrativa o sindical que tenga el propósito o efecto de interrumpir, suspender o paralizar el calendario académico, el procesamiento de calificaciones, la entrega de grados y la operación de la investigación con fondos externos.

“El derecho a la educación de nuestros jóvenes y su derecho a graduarse a tiempo tienen que prevalecer. Nadie le está quitando el derecho a la libre expresión ni el derecho a la protesta pacífica a la comunidad universitaria. De hecho, la ley incluye salvaguardas expresas para la libertad de cátedra y los derechos sindicales. Pero trazamos una línea roja irrefutable: el calendario académico no es negociable, y el futuro de nuestros estudiantes no puede seguir siendo rehén de paralizaciones institucionales”.

Lea aquí el proyecto de Navarro Suárez: