Un programa que el Departamento de Vivienda (DV) ejecutó durante la Administración Pierluisi Urrutia para dotar de cisternas y sistemas de placas solares y baterías a residencias reconstruidas tras el huracán María resultó en la instalación de equipos deficientes, sobrepagos a los instaladores y adjudicación a personas con ingresos más altos que los que se quería beneficiar.

Los hallazgos están en una auditoría que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD por sus siglas en inglés) emitió el 14 de abril. La gerencia actual del DV rechazó los señalamientos y argumentó que no estaban fundamentados, que supervisó a los instaladores y que los equipos fueron instalados de acuerdo a los estándares de la industria.

La auditoría abarca 2,593 instalaciones del 1 de diciembre de 2021 al 9 de mayo de 2024. La muestra que los auditores inspeccionaron entre octubre y noviembre de 2024 consta de 66 casos en 44 municipios. La iniciativa se conoció como Programa de Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energética y de Abastecimiento de Agua (CEWRI, en inglés) y se abrió solo para las personas que ya se habían beneficiado del programa Reparación, Reconstrucción y Resiliencia (R3) que se activó para habilitar rápidamente vivienda tras el huracán y que ya ha sido objeto de críticas por incurrir en sobrecostos, lentitud y por bajo nivel de casos completados.

El CEWRI contó con una asignación de $395 millones, de los que solo $178.9 millones han sido desembolsados. Durante la transición, el gobierno precisó que el programa seguiría activo hasta 2028. El portal de la iniciativa indica que llevan 6,371 instalaciones completadas, de 9,037 solicitudes recibidas.

La auditoría recomienda a HUD que ordene la remediación de las deficiencias o el repago de $19 millones en que están valoradas las mismas y que se evalúe si procede el pago de $31 millones en enmiendas a los contratos de instaladores que entienden fueron un error del DV.

Los inspectores federales consignaron que la mayoría de los beneficiarios dijo estar satisfecho con los equipos y que los mismos le habían mejorado su calidad de vida al permitirle enfrentar apagones y falta de agua con operación continua de sus equipos médicos y neveras, pero el examen a los equipos en los casos de muestra reveló que el 67 porciento tiene deficiencias.

La OIG concluyó que las deficiencias en los equipos se debió a que los instaladores los dejaron a la intemperie y expuestos directamente a la luz solar (lo que no se recomienda para inversores y baterías) y que el DV no los supervisó adecuadamente. Inversores y baterías con moho, contacto directo con vegetación, filtraciones de agua que podían provocar cortocircuito, conexiones afectadas por el sol, y tanques de agua que filtraban o se desbordaban. Además, 33 porciento de los inversores y baterías no estaban instalados de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Esto puede llevar a garantías anuladas por el fabricante, vida útil menor y fallas de funcionamiento.

El DV gastó unos $31 millones de más, añadieron, porque tuvieron que enmendar los contratos de instalación para atender el trabajo eléctrico preliminar que hay que hacer en la residencia para asegurarse que puede recibir los equipos fotovoltaicos y baterías. Los inspectores estiman que las enmiendas salieron más caras de lo que hubiera salido haber puesto esas tareas en el contrato original porque, al momento de las enmiendas, la agencia no estaba en posición favorable de negociación. Calcularon que las enmiendas llevaron el costo de instalación de $26,123.80 a $30,423.06 por residencia.

En cuanto al problema en la evaluación de elegibilidad de los beneficiarios, la OIG apunta a que el DV usó información contributiva que trata de manera distinta los ingresos según su origen (salario o pensión) y que aplica deducciones, en vez de una metodología como la que se usa en los vales de vivienda bajo Sección 8, y que trata igual los distintos tipos de ingresos, así como que los cuenta completos, sin deducciones. El resultado es un trato dispar entre hogares, aunque tuvieran tamaño e ingresos similares.

“Esto resultó en que a los solicitantes de mayor ingreso se les determinaba elegibles para el programa, mientras que a los solicitantes de ingresos bajos o moderados, para los que el programa está diseñado, se les pudo clasificar como inelegibles”, indica el documento.

Acceda a la auditoría aquí.