Aquí las propuestas presentadas al DCR para sustituir a Physician Correctional

El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico, Francisco Quiñones Rivera, ha estado en el centro de una controversia relacionada con la cancelación del contrato de servicios médicos de la empresa Physician Correctional, el cual se ha mantenido en proceso de terminación. A pesar de las presiones y una querella por acoso sexual, Quiñones Rivera ha mantenido su puesto y se mantiene supervisando el proceso para encontrar un sustituto para la mencionada empresa. Según una fuente allegada al proceso, el Secretario, “está molesto y quiere forzar seleccionar a una o varias empresas, aunque ya se le ha advertido que ninguno de los proponentes sirve”. La fuente compartió con Noticel parte de las propuestas sometidas y las hojas de trámite de la evaluación.

El comité evaluador tiene el reto de seleccionar una empresa capaz de ejecutar las responsabilidades del servicio para someterlo al Secretario en busca de su aprobación final. Por otro lado, la gobernadora Jenniffer González ha dicho que, “el secretario tiene que hacer una labor de evaluar eso bien, porque lo que me dicen es que el contratista de Physician Correctional hizo varias compañías para también licitar para este mismo contrato”. La fuente aclaró que se ha tratado de indagar si algunas de las empresas están relacionadas al actual operador y aunque no existe ningún dato concreto, se especula que al menos 5 pudieran tener alguna relación.

El primer comité evaluador fue designado por el Secretario en julio de 2025 y luego de varias reuniones el grupo suspendió las deliberaciones. Varios de los miembros originales renunciaron y otros fueron removidos lo que detuvo los análisis de las propuestas. Durante este periodo Quiñones Rivera se mantenía asegurando que el proceso de selección continuaba, no obstante, no fue hasta el día 3 de marzo de 2026 que se designó un nuevo comité.

En meses pasados, Quiñones Rivera, había solicitado a los medios de comunicación que lo asistieran a evaluar estas empresas. Junto con su petición, proveyó la lista de los 12 proponentes. Noticel tuvo la oportunidad de revisar algunas porciones de las propuestas y logró entrevistar algunos de los directivos de estas entidades. De la evaluación de las propuestas surgen varios elementos comunes que son preocupantes. Entre ellos, destaca la limitada experiencia en salud correccional, los altos costos de los servicios propuestos y la intención generalizada de depender del personal actualmente contratado por Physician Correctional.

Renaissance Medical Group PR (RMG)

Renaissance Medical Group está registrada como una empresa foránea que opera desde Massachussets. Esta empresa no provee servicios de salud en Puerto Rico y solo administra un centro de salud y cuidado diurno de ancianos en Massachussets. Entre sus directivos no aparecen médicos ni personal afiliados al campo de la salud. La empresa es dirigida por Jesús Suárez.

RMG alega ser una organización de atención médica que conecta servicios médicos, salud conductual, farmacia, atención domiciliaria, bienestar y apoyo comunitario en un sistema diseñado en torno al paciente. Este modelo es similar al modo de operar de los centros de diagnóstico y tratamiento localmente. Aunque la propuesta menciona tener 20 años de experiencia en el área de salud correccional, es notable señalar que la misma se circunscribe a ser subcontratista y consultor de administradores de los programas de salud carcelario Rhode Island y Massachussets, pero no documenta experiencia en la administración y coordinación de esto servicios.

La propuesta presentada documenta un detallado modelo de cuidado que incluye desde la entrada del confinado al sistema, hasta evaluaciones previo al cumplimiento de su sentencia. La propuesta no aclara si la empresa ya tiene contratados los médicos y enfermeras necesarios para cumplir con el contrato del DCR.

La empresa no posee una operación local y tiene como dirección para sus oficinas un apartamento en el complejo turístico de Coco Beach en Rio grande.

Professional Consulting Psychoeducational Services

La empresa Professional Consulting Psychoeducational Services (PCPS) es representada por Steven Delgado Hernández. Esta empresa ha tenido contratos con el DCR para desarrollar salones de computadora a un costo de $1 millon, para adiestrar oficiales de custodia en habilidades de liderazgo por $450,000 y a través de una empresa afiliada conocida como Learn Aid, LLC  para realizar pruebas vocacionales a 1,600 confinados  por $448,000. De hecho, esta empresa estuvo contratada por el DCR para ofrecer los servicios de salud mental en las instituciones juveniles. 

Delgado Hernández no estuvo disponible para dar detalles sobre su experiencia como proveedor de servicios de salud mental ni las instituciones juveniles en las que ha provisto servicios. La propuesta presentada detalla que PCPS proveyó servicios a las instituciones juveniles del DCR desde el 2017 y lograron realizar 15,000 sesiones clínicas en tres (3) años. Durante ese periodo, la empresa reclama una “ejecución exitosa” en las áreas de servicio contratada que incluían, pero no se limitaban a, servicios de salud mental, intervención en crisis, y rehabilitación psicosocial. No obstante, durante ese periodo se publicaron alegaciones de aumentos de más del 100% en intentos suicidas, actos de automutilación y otras manifestaciones de salud mental.  El DCR procedió a cancelar el contrato a esta empresa por lo que PCPS radicó una demanda que finalmente el Tribunal determinócomo improcedente en derecho.

Los informes de la monitor federal Tandy han indicado que posterior la salida de PCPS, los servicios en las instituciones juveniles se habían «normalizado»  lo que trajo cierta estabilidad tras una crisis de intentos de suicidio. El juez federal Francisco Besosa ha emitido varias advertencias sobre la posibilidad de imponer una sindicatura federal en el sistema de instituciones juveniles si el cambio a un nuevo proveedor desestabiliza la provisión de servicios clínicos.

Central Physician Services  (CPS)

Central Physician Services  es dirigida por Yolanda García, quien en el año 2019 fungió como directora interina de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)  y quien, en aquel momento, admitió haber sido entrevistada en varias ocasiones por las autoridades federales como parte de una investigación por corrupción. 

Aunque detallada, la propuesta presentada por CPS demuestra falta de experiencia en salud correccional y en los procesos de acreditación. Del mismo modo, la propuesta no valida que la empresa tenga contratados a los médicos y enfermeras necesarios para que el sistema opere. La Sra. García no estuvo disponible para comentar sobre el proceso de selección.

Physician Advisers

Physician Advisers opera desde una residencia en el pueblo de Dorado, en el exclusivo sector Dorado Beach East, y es dirigida por Gilberto González Avilés quien fungió en el pasado como subdirector del Departamento de Salud de la Capital bajo la administración de Carmen Yulín Cruz.

González Avilés no fue claro al establecer si su empresa posee alguna experiencia en la administración de sistemas correccionales, “somos un grupo de compañías y dependiendo del servicio, activamos una”. Actualmente, una de las empresas afiliadas a Physician Advisers brinda servicios a la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción donde la empresa ha atendido a paciente del sistema correccional. 

Sobre el personal necesario para cumplir con los servicios requeridos por el DCR, González Avilés aclaró que “una de las condiciones es reclutar al personal actual porque no todo el mundo está dispuesto a trabajar en un sistema carcelario”. Esto para establecer que, de ser seleccionado, habrá de reclutar el mismo personal de Physician Correctional. 

La empresa carece de experiencia en el proceso de acreditación de facilidades carcelarias por parte de la Comisión Nacional en Salud Correccional (CNSC), pero el funcionario entiende que “al venir del sector privado participamos de las inspecciones de Medicare y del Joint Commission del Departamento de Salud”, y que esta experiencia le faculta para ser efectivos en las acreditaciones de salud correccional.  

Last Chance

Last Chance opera desde una residencia en la urbanización Encantada en Trujillo Alto y se especializa exclusivamente en servicios para atender el abuso de substancias y alcoholismo. Esta empresa no presento una propuesta para atender servicios físicos ni de salud mental. El presidente de la empresa, ingeniero Ángel Rodríguez aclaró que, aunque como empresa no posee experiencia institucional en salud correccional, cuentan con dos vicepresidentes de los cuales, “uno trabajó con Corrección durante 20 años, y el otro hizo su internado en Corrección”. Estos dos empleados le dan la confianza de que, según dijo, “estamos bien familiarizados con el sistema [correccional]”. 

En términos de afirmar si la empresa tiene conocimientos en la administración de servicios hospitalarios, Rodríguez dijo que, “Sí. Fui director de operaciones del Pray The Lord”. Pray The Lord no es un hospital, sino una clínica de salud mental y psiquiatría especializada en el cuidado integral, tratamiento de adicciones y servicios transicionales. 

Al igual que otros proponentes, Last Chance espera contratar los mismos empleados que actualmente ofrecen el servicio. “No pretendemos interrumpir la continuidad. He manejado contratos con el Departamento de la Defensa (de Estados Unidos) y lo mejor es absorber a los empleados. Es como regularmente funciona”. 

Comprehensive Human Services 

Según el presidente de Comprehensive Human Services Corp., Manuel Quilichini, el nombre de la empresa fue oficialmente cambiado hace unos 7 años. “Nuestro nombre original fue Correctional Health Services Corp. desde el 2005 hasta el 2018”, señaló Quilichini. Según detalló, esta empresa operó el sistema de salud correccional desde que el Departamento de Salud fue removido, y “prácticamente lo rediseñamos”. 

La empresa tiene aproximadamente 30 empleados entre regulares y contratistas. “Cuando el programa de Corrección pase de unas manos a otra, los empleados de Physician Correctional se quedarían, solo cambiaría la gerencia que dirige los trabajos” dijo el abogado al establecer que operará el sistema con los mismos empleados que actualmente ofrecen el servicio. La empresa no pudo documentar tener experiencia ni conocimiento en los procesos de acreditación de las facilidades de salud correccional que emite la CNSC. 

Un dato relevante es que, Quilichini entiende que no requiere experiencia ni conocimientos en la administración de hospitales porque, según dijo, “el Departamento de Corrección no tiene un hospital”. Esto contrasta con los datos ofrecidos por el DCR que establecen que el Centro Médico Correccional (CMC) en Bayamón es un hospital de aproximadamente 200 camas, debidamente licenciado por el Departamento de Salud y diseñadas para ofrecer cuidados primarios, secundarios y terciarios a los confinados. 

Noticel pudo confirmar que en el periodo en que CHS administró el sistema de salud correccional, abundaron las quejas de mala comunicación y quejas recurrentes de confinados, dificultades con lasuniones de enfermeras y fallas en el sistema de compra. 

Healthcare Bussiness Network (HBN)

Healthcare Business Network (HBN) es una organización dedicada al ofrecer servicios de salud, con más de 30 años de experiencia en la industria. La empresa es presidida por el Lcdo. Héctor L. Boria Nieves quien no estuvo disponible para ser entrevistado. La empresa no acredita tener experiencia en el campo de salud correccional, pero la propuesta destaca contar con el exsecretario de salud Dr. Lorenzo González, quien funge como principal oficial médico y la Dra. Esther Rodríguez quien es la principal oficial de psicología. “Los recursos humanos están dirigidos a una continuidad de servicios y serán estructurados de forma que garanticen el cumplimiento con los estándares establecidos por la National Commission on Correctional Health Care (NCCHC)” lee la propuesta. Esto apunta a que, de ser seleccionados, buscaran contratar los médicos que actualmente proveen servicios.

Management Integrated Solutions, Corp. (MISC)

MISC presentó una extensa propuesta bajo un Modelo de Tercer Administrador (TPA). En el campo médico, un Modelo de TPA se refiere a un sistema o entidad externa contratada para administrar ciertos servicios específicos de salud. El TPA actúa como intermediario entre proveedores de salud, en este caso el DCR y los confinados, facilitando la gestión de procesamiento de pagos, evaluación del servicio propuesto y coordinación de beneficios, con el objetivo de optimizar la eficiencia y reducir costos administrativos en el sistema de salud. 

En los Estados Unidos, el porcentaje promedio que suelen cobrar los TPAs por sus servicios está alrededor del 6.2% del gasto médico incurrido. MISC cotizó sus servicios entre  12 y 15 por ciento del presupuesto total anual. Esto contrasta con la realidad de la industria en general lo que pudiera apuntar a desconocimiento del riesgo que asumiría la entidad al ser seleccionada o a un interés de lucro. Los directivos de esta empresa no estuvieron disponibles para emitir comentarios. 

Vita Health Clinic (VHC)

A pesar de que la empresa VHC no ha administrado servicios da salud correccional, no están familiarizados con la acreditación de estas facilidades, no poseen experiencia en la administración de hospitales, actualmente, ofrecen servicios de especialistas y médicos generalistas. “El personal que tengo tiene esa experiencia de cumplimiento. Tengo personal con experiencia en cumplimientos, auditores, psicología con experiencia por más de 15 años. Tenemos ocho que son los proponentes de la propuesta”, dijo Alexandra Amaro-Ortiz, presidentade VHC.

VHC está compuesta por una directiva de ocho personas y esperan contratar los mismos médicos que en la actualidad laboran en las facilidades correccionales. “Sabemos que es importante la continuidad de los servicios, que no se afecten”, dijo Amaro-Ortiz. Por otro lado, la presidenta detalló que, tienen “la capacidad de atender la población juvenil con dos pediatras que tenemos identificados y unos 80 médicos incluyendo directores, dentistas y ginecólogos”. 

A la pregunta de Noticel sobre la capacidad financiera de la compañía, Amaro-Ortiz estableció que, “en la propuesta están las proyecciones hasta el 2029 con las personas que nos indicaron en las visitas de licitación. Todo se entregó en la propuesta. Nos entregaron unos informes y se preparó según lo que iban a necesitar”.

Al abordar la empresaria sobre el tema del tratamiento de Hepatitis C y los protocolos y costos de estos servicios, Amaro-Ortiz dijo poder manejarlo efectivamente. “Dentro de los servicios, más que acceso, es trabajar con las guías de Medicaid. Posiblemente, todos califican y  pueden trabajar según los planes médicos de Estados Unidos. Más que descuentos es buscar esas cubiertas ya que se tiene una población estable. Los costos están establecidos”, detalló Amaro-Ortiz. Según las políticas federales de Estados Unidos, Medicaid no paga por servicios médicos que se brindan a personas mientras están detenidas en instituciones correccionales, ya que la responsabilidad de proveer esa atención recae directamente en el sistema penitenciario.

***El periodista Carlos González colaboró en esta nota.