El gobierno federal tendrá que devolverle $3.1 millones en mercancía confiscada ilegalmente.

Tras ocho años de controversia originada en una disputa comercial con Puerto Rico Supplies, Castro Business Enterprises obtuvo dos determinaciones favorables del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, que acogió su posición en dos casos civiles y ordenó la devolución del valor de la mercancía incautada, así como el pago de $500,000 en honorarios legales.

Las órdenes de la Silvia Carreño marcan un momento decisivo para Ricky Castro y Castro Business Enterprises, tras un proceso extenso que, según su versión, se convirtió en un verdadero viacrucis empresarial, personal y reputacional.

En un caso, el tribunal ordenó al gobierno la devolución de $1,612,800. En el otro, ordenó la devolución de $1,536,000. En conjunto, ambas órdenes disponen la devolución de $3,148,800.

En ambos casos, la disputa se reducía a si Castro Business Enterprises había cumplido con lo que exigía la ley. El tribunal determinó que sí y falló a favor de la empresa, según un comunicado divulgado por la representación de Castro.

Según Castro, el origen de toda esta controversia se remonta al momento en que su empresa dejó de comprar cigarrillos a Puerto Rico Supplies y comenzó a importar otras marcas para suplir a las tiendas militares del mercado. De acuerdo con su relato, esa decisión comercial marcó el inicio de una cadena de señalamientos y acciones que, con el tiempo, escalaron y colocaron a su empresa y a su nombre bajo una presión pública extraordinaria.

Trascendió que en el 2018 la Patrulla Fronteriza confiscó dos cargamentos de cigarrillos provenientes de Canadá.

“El tiempo me dio la razón. Han sido años muy duros, no solo para mí y mi familia, sino también para mi negocio, para las personas que han confiado en nuestra empresa y para todos los que vivieron de cerca el peso de esta controversia”, expresó Castro. “Por eso este momento tiene un significado profundo. No se trata únicamente de una determinación legal favorable; se trata de la tranquilidad de saber que los hechos y el proceso judicial confirmaron lo que sostuvimos desde el principio”.

Castro sostuvo que el costo de este proceso fue mucho más allá del expediente judicial. Según su versión, el impacto alcanzó sus operaciones, sus oportunidades de negocio, los empleos, su familia y una reputación que afirma haber construido durante 40 años.

“Cuando una empresa pasa ocho años bajo cuestionamiento público, el costo no se mide solo en números. También se mide en incertidumbre, en desgaste, en oportunidades perdidas y en el peso que eso impone sobre una organización completa y sobre una familia”, añadió. “Hoy recibimos estas determinaciones con respeto al tribunal, con humildad y con la convicción de que sostener la verdad y defenderla correctamente sí hace diferencia”.