La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Puerto Rico notificó al tribunal federal que los dos casos criminales contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, uno con cargos graves y otro menos grave por el que sería sentenciada próximamemente, quedarán disueltos por académicos tanto pronto ella y sus coacusados acepten formalmentre el indulto que les extendió el presidente Donald Trump el jueves pasado.

Además de constituir una notificación formal de la acción del presidente, el escrito sometido hoy en la tarde disipa dudas sobre si son los dos casos que enfrentaba el trío, y no solo uno, los cubiertos por la clemencia. Provee también que ambos casos quedan abiertos y activos hasta que los acusados también le notifiquen formalmente al tribunal su aceptación del perdón.

El escrito incluye copias oficiales de los perdones del jueves pasado que cubren el caso original radicado en 2022 en el que se imputó al banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini, al exagente federal Mark T. Rossini y a Vázquez Garced involucrarse en un esquema de soborno mediante el que el primero dio apoyo económico a la campaña primarista de la mandataria a cambio de que esta pusiera de comisionado de Instituciones Financieras a la persona que él quería.

“Los Estados Unidos anticipan que perdones presidenciales adicionales vendrán para los acusados Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini en los casos pendientes para los que se declararon culpables”, precisó la fiscalía federal en referencia a los casos menos graves de trámite de un donativo político ilegal para lo cual aceptaron culpa en agosto pasado.

En verano pasado, el Departamento de Justicia federal decidió que no iba a proseguir con el juicio por soborno y aceptó que el trío se declarara culpable de un caso menos grave. Pero son dos casos distintos que seguían abiertos, ya que el grave solo se desestimaría después de la sentencia en el menos grave. Por eso surgió duda cuando el perdón del jueves solo mencionó el caso grave.

La vigencia del caso menos grave se hizo más patente cuando la jueza Silvia Carreño Coll decidió el sábado pasado, el día después de conocerse el perdón, emitir órdenes en el caso menos grave que dejaban claro tres cosas: que para efectos de ella ese caso seguía encaminado a sentencia, que no iba a conceder ninguna otra posposición de la fecha del 29 de enero para la vista de sentencia y que, al emitir el castigo, podía tomar en cuenta los hechos que se alegaron en el caso grave de soborno.

Tanto el cambio en la gravedad del delito, como el perdón, están rodeados de dos donativos que hizo la hija del banquero, Isabela, por un total de $3.5 millones al súper PAC asociado a Trump, MAGA, Inc.

Para ese caso de soborno, hubo dos testigos cooperadores que se declararon culpables, el exasesor de Vázquez Garced y del Senado, John Blakeman Ortiz, y la expresidenta del banco de Herrera Velutini, Bancrédito International Bank & Trust, Frances Díaz Fossé. Esta tarde la fiscalía federal también pidió que esos dos casos fueran desestimados. «El desistimiento recompensa (a estos testigos) por su cooperación y evita una situación en la que un testigo cooperador, menos culpable, reciba una condena grave y enfrente la posibilidad de tiempo en cárcel», dijo la fiscalía al pedir el fin de estos dos casos.

El efecto legal del perdón es eliminar los casos, como si nunca hubieran sido presentados. Devuelve a los acusados a la condición jurídica que tenían antes de su arresto en agosto de 2022. Es una acción presidencial absoluta que no se puede cuestionar por ningún otro poder constitucional, incluyendo el tribunal. Pero no elimina la conducta, así que la misma puede ser base para procesamiento en otros foros, como en el caso de Vázquez Garced, sobre quien el Tribunal Supremo retiene capacidad para procesarla éticamente.

Vea:

Trump concedió “indulto benévolo”, dice banquero Herrera Velutini

Versiones oficiales de los perdones presidenciales.