El convicto también tendría que restituir gastos por la activación de personal de rescate.

La representante popular Swanny Vargas ha presentado un proyecto de ley que convertiría en delito menos grave, con una pena fija de seis meses de cárcel, a cualquier persona que “intencionalmente” cruce un área inundada y su acción provoque la activación de las autoridades.

La medida es específica en no reconocerle al juez o jueza la discreción de imponer una multa. Además, la persona que sea convicta por el delito “responderá al Estado o municipio correspondiente por los gastos en que dicha autoridad incurra necesariamente para ejecutar la operación de rescate.”

El Proyecto de la Cámara 1008 fue presentado a petición de Sidmarie González, directora de la Oficina de Manejo de Emergencias en Hormigueros.

“En múltiples ocasiones, agencias de seguridad pública, rescatistas municipales y estatales, así como personal de manejo de emergencias, se ven obligados a arriesgar vidas para rescatar a personas que, de manera intencional, deciden cruzar carreteras inundadas, ríos o quebradas desbordadas, aun cuando es evidente que asumen riesgos fatales. Estas intervenciones no solo ponen en riesgo la vida de los rescatistas, sino que también desvían recursos críticos que podrían ser necesarios para atender otras emergencias. La conducta temeraria de quienes voluntariamente se exponen a un peligro inminente crea un riesgo social injustificado y genera costos significativos al Estado”, lee la Exposición de Motivos.

En la pieza también se recuerda que otras jurisdicciones en Estados Unidos ya penalizan a ciudadanos que, por su conducta temeraria, provocan la activación de las autoridades para auxiliarlos.