Jenniffer González insiste en que los cambios contributivos propuestos cuentan con fuente de repago.

La gobernadora Jenniffer González sostuvo que el representante penepé Eddie Charbonier «no tiene la información», en relación a la preocupación que esbozó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes ayer en el sentido de que los cambios contributivos propuestos por el gobierno no están financiados en su totalidad.

La financiación de los cambios contributivos, con un costo de poco más de $500 millones provendrá, según González, de ahorros logrados en la gestión gubernamental y de nuevas medidas recomendadas por la Junta de Supervisión Fiscal, como la reducción de exenciones a ciertos equipos y la imposición de nuevos gravámenes a inversionistas foráneos. Sin embargo, la gobernadora ha rechazado propuestas de gravar en la retasación de propiedades o otros que puedan impactar a la clase media.

Ante las dudas sobre la sostenibilidad financiera del plan, la gobernadora aseguró que todos los fondos necesarios están identificados. Charbonier dijo ayer que solo se habían identificado $300 millones.

“Él no tiene la información”, respondió la gobernadora a preguntas de NotiCel. Indicó que el legislador quien preside la comisión de Hacienda de la Cámara e Representantes tiene que hacer la vista pública para analizar la medida. De hecho, está pautada para mañana.

“Que haga la vista y se reúna con el secretario de Hacienda que estuvo haciendo la presentación el sábado y Gerencia y Presupuesto que estuvieron también. Nosotros hemos identificado esto de economía así que tenemos el dinero para pagarla. Yo no voy a presentar una reforma que no tenga el dinero para pagarla. Así que yo creo que debemos ser responsables. Y para eso ya tiene proyecto que haga vista pública para que tenga las posiciones en blanco y negro por los jefes”, dijo la gobernadora.

González Colón destacó, además, el consenso alcanzado con los presidentes de Cámara y Senado, así como el trabajo conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal y otros miembros de los equipos legislativos.

Asimismo, enfatizó la aprobación de los tres proyectos restantes (reducción de tasas, aumento de deducción por hijo y reforma de la Ley 60) permitirá que estas medidas entren en vigor ya en la próxima campaña de presentación de planillas, en marzo. 

“Nuestro objetivo es que el dinero llegue directamente al bolsillo de la gente, ayudando a compensar la subida del coste de la vida y dinamizando la economía”, subrayó.

Los ajustes en las tablas de contribución personal indican que los contribuyentes con ingreso anual bruto entre $12,500 y $25,000 verán su tipo reducido al 6%, los ingresos entre $25,000 y $50,000 bajarán del 24% al 12%, y los que obtienen entre $50,000 y $100,000 pasarán del 33% al 24%. Solo los contribuyentes con ingresos superiores a $150, 000 dólares mantendrán el tipo máximo del 33%. Según cálculos del Ejecutivo, 790,000 familias se beneficiarán de esta reforma, mientras solo 2,600 contribuyentes de mayores ingresos quedarán sin cambios.

Explicó que, desde enero del año pasado, el equipo gubernamental trabajó en la confección de 14 proyectos de ley, de los cuales 10 ya han sido aprobados y convertidos en ley. Entre los principales logros de ese primer paquete destacan el incremento de las deducciones fiscales por planes de retiro y educación, la exención de impuestos para quienes venden su vivienda principal, la adopción de la normativa federal para proteger los ahorros de personas con discapacidad, la eliminación del IVU en medicamentos recetados y la agilización de exenciones para agricultores y organizaciones sin ánimo de lucro.

Un aspecto clave, según la ejecutiva, ha sido la unificación de los sistemas municipales y estatales para la presentación de planillas, simplificando así los trámites para individuos y empresas. Esta modernización busca hacer más eficiente el proceso de declaración y pago de impuestos.

La segunda fase de la reforma, actualmente en trámite legislativo, incorpora dos proyectos vitales. El primero propone aplicar un impuesto del 4% a los inversionistas extranjeros acogidos a la Ley 60, quienes hasta ahora estaban exentos, y equiparar ese gravamen para los inversores locales, que actualmente pagan entre el 15% y el 22% por sus ganancias de capital. Según la gobernadora, “de esta manera estaríamos unificando la tributación sobre ganancias de capital, fomentando la inversión local y corrigiendo una situación de desventaja para los residentes”.

Otro de los cambios más significativos es el aumento de la deducción por hijo menor de 18 años, que pasará de $2,500 a $5,000. Esta medida pretende incentivar la natalidad y apoyar a las familias ante el aumento del coste de la vida y la inflación. 

“Estamos aumentando la deducción por menor de 18 años de $2,500 a $5,000 por hijos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un problema de baja de natalidad en Puerto Rico en los costos de inflación, los costos de vida son tan altos. Puerto Rico quiere fortalecer que la gente amplíe su núcleo familiar. Así que estamos atendiendo todo el segmento de contribuciones de $25,000 a $100,000, que básicamente se constituye la nueva clase media en Puerto Rico, para bajar las contribuciones, aumentar las deducciones y de esta manera propiciar que tengamos más familias que expandan su núcleo”, apuntó.

Junto a esto, se actualizan escalas, exenciones y deducciones conforme a las directrices federales, se eliminan penalidades por errores formales y se flexibilizan las opciones para las pequeñas empresas y corporaciones.