Diversos sectores políticos, sociales y mediáticos rechazaron las enmiendas impulsadas por Rivera Schatz, que amplían los plazos de respuesta y limitan la entrega de copias.

Pese a la fuerte oposición de organizaciones profesionales, gremios periodísticos, entidades civiles, estudiantes y legisladores de distintas delegaciones, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 63 (PS 63), de la autoría del presidente penepé del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, que enmienda la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

La medida, que obtuvo un informe positivo de la Comisión de Gobierno sin vistas públicas, introduce cambios que —según sus críticos— entorpecen el derecho ciudadano a fiscalizar la gestión pública y representan un retroceso significativo en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Entre las enmiendas aprobadas se encuentran el aumento de los plazos de respuesta por parte de las agencias gubernamentales, que pasarían de 10 a 20 días laborables para oficinas centrales y de 15 a 30 días en el caso de oficinas regionales.

Asimismo, se elimina la obligación de que las agencias entreguen la información en el formato solicitado y se establece que los peticionarios deberán incluir información personal como dirección postal y correo electrónico. La legislación también concede discreción a las dependencias para obligar a los solicitantes a revisar los documentos en persona, durante un solo día, en lugar de proveerles copia de la información.

Amplia coalición rechaza el PS 63

Previo a la votación, una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil, entidades periodísticas, gremios profesionales, docentes y estudiantes de comunicación repudió públicamente el proyecto, al que describieron como un golpe directo al derecho del pueblo a saber cómo opera su gobierno. Las organizaciones denunciaron que el PS 63 debilita la libertad de prensa, obstaculiza la fiscalización ciudadana y pisotea el derecho constitucional de acceso a la información pública.

Entre las entidades que expresaron su rechazo están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), el Overseas Press Club (OPC), Sembrando Sentido, Kilómetro Cero, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Ayuda Legal Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo, Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Federación de Pescadores, María Fund, 9 Millones, Todas, Bonita Radio, la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA), el Resiliency Law Center, así como estudiantes y docentes de facultades de comunicación del país.

Las organizaciones denunciaron que ninguna de las recomendaciones presentadas por más de una decena de grupos fue acogida en el texto final de la medida.

Por el contrario, señalaron que las enmiendas agravan las limitaciones al acceso a la información y otorgan discreción excesiva a los jefes de agencia para decidir sobre la divulgación de datos.

La presidenta de la ASPPRO, Nydia Bauzá, sostuvo que “sin fiscalización, no hay rendición de cuentas. El pueblo se queda sin los derechos democráticos por los que tanto ha luchado. La transparencia es indispensable”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, advirtió que “cada gasto público y cada contrato del gobierno tienen un impacto directo en nuestras comunidades. La transparencia no puede verse como un obstáculo, sino como la base de la democracia y la garantía de que los recursos del país se usen con sentido y justicia”.

De igual modo, la presidenta del Overseas Press Club, Gloria Ruiz Kuilan, subrayó que “no hay democracia plena sin acceso a la información pública. Las enmiendas que pretenden aprobar no corrigen errores. No podemos aceptar que el pueblo y la prensa esperen el doble de tiempo por documentos e información que les pertenecen”.

Retrocesos graves en transparencia

Las organizaciones alertaron que, además de duplicar los plazos de respuesta, el PS 63 otorga poder discrecional a los jefes de agencia para determinar qué información se divulga, crea nuevas trabas burocráticas que facilitan rechazar solicitudes legítimas y elimina la posibilidad de exigir datos en formatos abiertos como Excel o CSV, lo que limita la reutilización de información para investigación o análisis público.

De aprobarse e implementarse, la medida afectará directamente la labor de periodistas, académicos, entidades comunitarias y ciudadanos que dependen de información oportuna sobre contratos, presupuestos y políticas públicas. Las organizaciones también denunciaron que el proyecto impone barreras adicionales a personas sin acceso digital, a la vez que propone sanciones simbólicas que no garantizan una transparencia efectiva.

El licenciado Kevin Rivera, portavoz del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, cuestionó los fines del proyecto: “Debemos preguntarnos cuál es el propósito de restringir el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública. Qué más se puede buscar, si no esconder, encubrir y ocultar”.

Rivera recordó que el Senado no celebró vistas públicas sobre la medida y que, ante ese vacío, el CAAPR organizó en mayo vistas ciudadanas donde más de una decena de organizaciones rechazaron el PS 63 y enviaron sus ponencias a los legisladores.

“Estamos ante un atentado directo contra la transparencia. Un gobierno que teme a la transparencia es un gobierno que teme a su gente. El acceso a la información no es un favor, es un derecho y un pilar de la democracia”, recalcó Ruiz Kuilan.

Oposición política en el hemiciclo

Durante el debate legislativo, tanto la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, como el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, expresaron su firme oposición al PS 63. Ambos coincidieron en que las enmiendas aprobadas restringen derechos constitucionales, reducen la capacidad de fiscalización del pueblo y envían un mensaje de opacidad institucional.

En ese sentido, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Toledo, criticó la postura del PIP y defendió la aprobación del proyecto, asegurando que “nadie está coartando el acceso a la información pública”. 

Llamado ignorado

Las entidades habían hecho un llamado urgente a los senadores, particularmente a la delegación del Partido Nuevo Progresista, para rechazar el PS 63 y proteger el derecho constitucional de acceso a la información. Sin embargo, la mayoría senatorial dio paso a la medida, que ahora pasará a la consideración de la Cámara de Representantes.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del derecho del pueblo a saber, a la vez que advirtieron que continuarán ejerciendo presión pública y legal para evitar que se institucionalice la opacidad en el gobierno.