El Tribunal Supremo, con bloque mayoritario de seis votos, decretó la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria de los productores y promotores de espectáculos públicos, confirmando así una decisión del Tribunal de Primera Instancia de 2023.

Manuel Morales Lema, demandante y presidente de Brutal, LLC, explicó que se determinó presentar una demanda en contra de la obligación de pertenecer al Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (COPEP), de manera que el Tribunal Supremo reiterara la posición que ha asumido en otros pleitos contra colegiaciones de otras ramas.

Dijo que, en el caso de los productores de espectáculos, la colegiación compulsoria no sólo es una violación a la libertad de asociación, sino que atenta contra el desarrollo de la industria, según lo establece la Jueza Asociada Mildred Pabón Charneco en la opinión emitida el 7 de octubre de 2025.

“La regulación de los productores y promotores mediante la colegiación obligatoria persigue intereses económicos no vinculados a la reglamentación de la profesión. El efecto práctico es la restricción del derecho constitucional a la no asociación con el fin de que un grupo mantenga el dominio de una actividad comercial y no para proteger a los ciudadanos de riesgos reales y sustanciales. Por lo cual, la colegiación impugnada no responde a un interés apremiante, sino a una estrategia de control gremial que no supera el escrutinio constitucional al que está sujeta”, concluyó la jueza asociada Mildred Pabón Charneco.

Con la decisión se elimina el esquema que estuvo vigente desde que la colegiación compulsorio de ese sector se convirtió en ley en 2005. Ahora la regulación de los promotores y productores estará a cargo, como sucedía antes y durante la colegiación compulsoria, de la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos Públicos (OSPEP) del Departamento de Hacienda.

Morales Lema subrayó que la decisión representa una victoria no solo para Brutal, LLC, sino para todos los productores de espectáculos, que ahora podrán ejercer su profesión sin verse obligados a pertenecer a una organización profesional que, es utilizada para adelantar intereses personales por encima del colectivo.

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