Los presidentes legislativos echaron mano del precedente del Supremo en el caso del referéndum de unicameralidad para rechazar demanda que busca obligarlos a cumplir con la ley.

La Asamblea Legislativa rechazó que alguien les pueda obligar a actuar sobre procedimientos legislativos, específicamente, que se les pueda aplicar la ley que los obliga a actuar sobre Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC).

La postura se registró la semana pasada en oposición a la demanda que presentó la organización El Puente de Williamsburg, Inc. para que se cumpla la Ley 33 de 2019, Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, en la que se indica que la Comisión Conjunta de Mitigación, Adaptación y Resiliencia del Cambio Climático tiene que dar por aprobado el PMARCC y presentarlo para evaluación de los plenos legislativos si se extinguía un plazo. Dicho plazo pasó el 30 de junio pasado.

Aunque lo que el demandante reclama es el cumplimiento con un trámite legislativo que está dispuesto en ley, la oposición de la legislatura plantea que se equivocan al creer que una legislatura podía obligar la actuación de una legislatura posterior. Tanto la legislatura que aprobó la Ley 33 como la de ahora tienen los dos mismos presidentes y las dos mismas mayorías del Partido Nuevo Progresista.

Para fundamentar su postura, los presidentes Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez Núñez, presentaron el precedente de 2007 cuando el Tribunal Supremo dijo que la legislatura que legisló el referéndum sobre la unicameralidad, y que esa opción ganó abrumadoramente, no podía obligar a que una legislatura posterior implantara el resultado del referéndum.

“Ni el Puente ni ninguna otra corporación o persona posee legitimación activa para cuestionar las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa, ya sea en el hemiciclo de las cámaras o en el seno de sus respectivas comisiones”, indica la oposición.

“La (pasada) Asamblea Legislativa tomó una decisión de política pública y no trabajó sobre los informes que presentó el Comité de Expertos y Asesores y decidió atender el asunto referente al Plan. Tampoco el Gobernador invocó una sesión extraordinaria para que la Asamblea Legislativa considerara el Plan. Sin embargo, esta decisión no puede comprometer el criterio o el voto de Asambleas Legislativas futuras”, añadieron al asegurar que la comisión está trabajando con el Plan para emitir un informe y presentarlo a los cuerpos.

“Cualquier determinación que emitiese el Poder Judicial respecto a los trabajos legislativos de la Comisión Conjunta de Cambio Climático sobre el Plan de mitigación, equivaldría a un pronunciamiento de política pública, lo cual no les corresponde a los tribunales”, afirmaron.

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