La compañía sufrió un revés cuando un juez federal determinó que la empresa ha violado la ley antimonopolio en el mercado de los motores online de búsqueda

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó a Google, argumentó al presentar su demanda que la empresa tecnológica utiliza su posición dominante en el mercado de los buscadores para poner barreras a otras compañías y generar una suerte de círculo vicioso a su favor.

«Google es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio”, dictaminó el juez Amit P. Mehta en su opinión, en la que afirmó que la compañía ha violado la sección 2 de la Ley Sherman al mantener prácticas monopolísticas en servicios de búsqueda y publicidad general.

Esta ley declara ilegal monopolizar, conspirar para monopolizar o intentar monopolizar un mercado de productos o servicios.

Por su parte, Google se ha defendido argumentando que solo son necesarios unos clics del ratón para utilizar un buscador alternativo.

Durante este juicio en 2023, la compañía dio a conocer que pagó 26,300 millones de dólares en 2021 para ser el principal motor de búsqueda predeterminado en dispositivos electrónicos, un monto que principalmente fue a parar a Apple, según algunas fuentes consultadas por medios económicos estadounidenses.

La compañía ha gastado miles de millones de dólares en contratos exclusivos para asegurar una posición dominante como proveedor de búsqueda predeterminado del mundo en teléfonos inteligentes y navegadores web.

Además, el juez señaló en su dictamen que el «comportamiento anticompetitivo» de Google «debe detenerse».

En concreto, el juez concluyó que los acuerdos exclusivos de Google con Apple y otras empresas clave en el ecosistema móvil son anticompetitivas.

Por otro lado, el juez destacó que la empresa también ha cobrado precios elevados en la publicidad; reflejando su poder de monopolio en las búsquedas.

Aunque en el tribunal no encontró que Google tenga el monopolio de los anuncios de búsqueda, los trazos más amplios de la opinión representan la primera decisión importante en una serie de demandas de competencia lideradas por el Gobierno, dirigidas a las grandes empresas tecnológicas, entre ellas Meta, Amazon o Apple, que se enfrentan a demandas similares.

Al momento, se desconoce la sanción que enfrentará Google tras la decisión del magistrado.