La Comisión de Juegos de Puerto Rico anunció que hoy entra en vigor el Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (Reglamento Núm. 9718).

El nuevo estatuto, que contó para su redacción con el insumo de la Policía de Puerto Rico, establece las normas y procedimientos aplicables a la confiscación, custodia, conservación y disposición de las máquinas tragamonedas que operen en violación a la ley. Detalla, además, las distintas etapas del procedimiento administrativo, incluyendo la ocupación de las máquinas, el derecho a impugnación y el manejo de los bienes confiscados, entre otros aspectos.

Asimismo, el reglamento aclara que no se imponen cargas económicas adicionales a los comerciantes, ya que las multas y sanciones aplicables provienen directamente de la legislación vigente.

“La promulgación de este reglamento responde a una obligación impuesta por ley y reafirma nuestro compromiso de ejecutar procesos claros, justos y uniformes en la fiscalización de las máquinas de juegos de azar en ruta”, expresó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán.

Por otro lado, esta normativa crea un fondo especial que se nutrirá de todos los ingresos provenientes del cobro de aranceles, multas y sanciones por procedimientos administrativos, así como los gastos incurridos, intereses, transacciones extrajudiciales o cualquier otro cobro administrativo. Las máquinas confiscadas serán trasladadas a un almacén controlado por la Comisión de Juegos.

Los ingresos recaudados por concepto de las máquinas de juegos de azar en ruta se distribuirán conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 42-2020. Los primeros $12 millones se destinarán al Fondo General y, una vez alcanzada esa cantidad, el 55% de los ingresos generados se depositará en el Fideicomiso para el Retiro de la Policía. Según los informes más recientes, el recaudo está próximo alcanzar la cifra de los $12 millones.

“Es importante destacar que todo dueño de máquina, operador, dueño de negocio o cualquier otra persona que opere una máquina sin licencia y marbete vigente incurrirá en un delito menos grave y se expone a una pena máxima de seis meses de cárcel, multas de hasta $10,000, o ambas, a discreción del tribunal, además de la revocación de otros permisos”, enfatizó Santaella Marchán.

Asimismo, el director ejecutivo exhortó a los ciudadanos a reportar negocios que estén en violación a la ley. “Exhortamos a toda persona que tenga conocimiento de algún comercio que incurra en esta práctica a que lo reporte de forma confidencial a través de nuestra página de Internet, bajo el Negociado de Juegos de Azar – Máquinas en Ruta”.

Para más información sobre el proceso de licenciamiento y los requisitos aplicables, los operadores pueden visitar el portal oficial de la Comisión de Juegos en www.comjuegos.pr.gov.