La investigación surgió tras una querella en la que se alegó que un participante laboraba en el Municipio mientras simultáneamente cursaba estudios universitarios presenciales en el Recinto Universitario de Mayagüez.

La Contralora de Puerto Rico,  Carmen A. Vega Fournier, informó hoy los resultados de una investigación realizada por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) relacionada con alegadas irregularidades en el registro y aprobación de asistencias de un participante del Programa de Experiencia de Trabajo/Empleos Temporeros por Desastre – Programa Jóvenes Fuera de la Escuela y Trabajadores Desplazados, administrado por la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI) y destacado para trabajar en el Municipio de Arroyo.

La investigación surgió tras una querella recibida en la OCPR en la que se alegó que un participante del programa laboraba en el Municipio de Arroyo mientras simultáneamente cursaba estudios universitarios presenciales en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Puede leer la investigación aquí:

La investigación confirmó que el participante trabajó en el Municipio de Arroyo desde el 14 de junio hasta el 31 de diciembre de 2024 bajo el programa administrado por AMSI. Durante ese período recibió $15,237.52 en salario neto, sufragado con fondos provenientes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

La evidencia recopilada por los investigadores incluyó certificaciones oficiales emitidas por AMSI, documentación académica suministrada por el Recinto Universitario de Mayagüez y entrevistas realizadas durante el proceso investigativo.

Según la información obtenida, AMSI certificó que la supervisión y aprobación de las asistencias del participante recaía en un ayudante especial del alcalde de Arroyo. Asimismo, se informó que el horario laboral del participante era variable y no estaba sujeto a un horario fijo de trabajo.

La investigación reveló que durante el semestre académico comprendido entre agosto y diciembre de 2024 el participante estaba matriculado en cinco cursos universitarios presenciales e híbridos en el Recinto Universitario de Mayagüez. Los horarios de dichos cursos coincidían en múltiples ocasiones con las horas reportadas como trabajadas en el Municipio.

Como parte de la investigación, profesores universitarios certificaron la presencia física del estudiante en varias fechas específicas correspondientes a dos de los cursos examinados. Al comparar dicha información con los registros de asistencia laboral, los investigadores identificaron seis ocasiones en las que el participante reportó estar presente en su lugar de trabajo durante horarios que coincidían con su asistencia presencial a cursos universitarios.

Las fechas identificadas fueron el 12, 21 y 28 de agosto de 2024, así como el 16, 23 y 30 de octubre de 2024.

Adicionalmente, la OCPR identificó conflictos de horario entre los registros de asistencia laboral y académica en otros 27 días durante el período comprendido entre el 13 de agosto y el 5 de diciembre de 2024. Aunque en estos casos no fue posible obtener certificaciones adicionales de presencia física en los salones de clases, la documentación examinada reflejó incompatibilidades entre las obligaciones académicas y laborales del participante.

Tras evaluar la evidencia recopilada, la OCPR concluyó que existe un patrón de inconsistencias entre las horas reportadas como trabajadas y las obligaciones académicas del participante, situación que pone en duda el cumplimiento simultáneo de ambas responsabilidades.

El informe señala que estas circunstancias constituyen un posible uso indebido de fondos provenientes de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), legislación federal diseñada para promover oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo laboral.

“La evidencia obtenida durante la investigación refleja situaciones que comprometen la transparencia, la legalidad y la sana administración de los recursos públicos. Corresponde ahora a las agencias con jurisdicción evaluar los hechos y determinar si procede la adopción de medidas adicionales”, añadió la Contralora.

Como resultado de la investigación, la Oficina de la Contralora refirió el caso al Departamento de Justicia para que evalúe posibles violaciones de leyes o reglamentos y determine las acciones que correspondan. De igual forma, se emitió un referido a la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI) para que examine los hallazgos y adopte las medidas administrativas pertinentes.

Además, la Oficina de la Contralora recomendó al alcalde de Arroyo establecer controles más rigurosos para garantizar que los supervisores de participantes adscritos a programas administrados por AMSI ejerzan una supervisión efectiva, validen adecuadamente las asistencias y velen por el fiel cumplimiento de las responsabilidades laborales asignadas.

No obstante, una vez identificado el incidente, AMSI actuó con prontitud y responsabilidad, implementando medidas inmediatas para corregir la situación y asegurar la transparencia y el cumplimiento de los procesos.

La Contralora destacó que la adecuada supervisión de programas financiados con fondos estatales y federales constituye un elemento esencial para proteger el erario y preservar la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

“Los ciudadanos tienen derecho a esperar que cada dólar invertido en programas públicos sea utilizado de manera responsable, transparente y conforme a la ley. La rendición de cuentas continúa siendo una de las herramientas más importantes para fortalecer la confianza en la gestión gubernamental”, concluyó la Lcda. Vega Fournier.