“La posición del DCR fue clara: si no cumple con las condiciones de la supervisión electrónica, que se nos releve, y relevados nosotros, lo que procede es el ingreso en prisión”, dijo el secretario de Corrección.

Como si estuviera de vacaciones: acudiendo a Playa Santa en Guánica, saliendo al cine y consumiendo marihuana. Así pasó las Navidades José Enrique Martínez Rivera, el joven imputado por el accidente fatal ocurrido en Mayagüez en el que murieron tres universitarios.

La información fue confirmada por el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, en entrevista con NotiCel, donde expuso múltiples incumplimientos a las condiciones de libertad bajo fianza del conductor imputado por el choque ocurrido el 5 de diciembre de 2024 en la avenida Alfonso Valdez Cobián, en Mayagüez.

Según explicó el funcionario, los horarios concedidos bajo supervisión electrónica tenían un propósito específico y limitado, usualmente relacionados con estudiar, trabajar o atender citas médicas. No obstante, el 26 de diciembre, el sistema de monitoreo detectó que el imputado se encontraba específicamente en Playa Santa en Guánica, situación que fue recogida en una moción informada al tribunal.

“El horario de supervisión electrónica persigue un fin. En este caso, estando en su horario permitido, nuestro personal detecta que él estaba en Playa Santa”, sostuvo el secretario.

Tras ese hallazgo, personal del Programa de Servicios de Antelación al Juicio le realizó pruebas toxicológicas, las cuales arrojaron positivo a marihuana. El secretario precisó que Martínez Rivera no posee licencia para el uso de cannabis medicinal, lo que constituye una segunda violación a las condiciones de su libertad bajo fianza.

“El DCR sostiene que hay, cuando menos, dos violaciones a las condiciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de evitar que ocurran eventos que tengamos que volver a lamentar”, afirmó.

Ante ese escenario, Corrección solicitó formalmente al tribunal que se le relevara de la supervisión electrónica, lo que habría conllevado el ingreso inmediato del imputado en prisión mientras se atendía su proceso judicial. A esa petición se unió la Fiscalía de Mayagüez, dirigida por la fiscal de distrito Blanca Portela.

“La posición del DCR fue clara: si no cumple con las condiciones de la supervisión electrónica, que se nos releve, y relevados nosotros, lo que procede es el ingreso en prisión”, reiteró el funcionario.

Sin embargo, tras una vista extensa celebrada en la sala del juez William Machado, el tribunal optó por concederle otra oportunidad y ordenó que permaneciera en lockdown, una medida que, según el secretario, ya había sido impuesta de forma cautelar por Corrección desde finales de diciembre.

“Está en la libre comunidad, aunque en su casa, bajo supervisión electrónica. Si sale del perímetro, se emite una alerta y nuestro personal iría a arrestarlo y llevarlo al tribunal”, explicó.

El secretario expresó además preocupación por el mensaje que este tipo de decisiones puede enviar a la ciudadanía, particularmente en un caso tan notorio y trágico. Recordó que el imputado ha hecho expresiones públicas de arrepentimiento, pero subrayó que las víctimas no tendrán una segunda oportunidad.

“Se habla de que esto le cambió la vida, pero hay tres personas a las que no les cambió la vida: hay tres personas que ya no tienen vida”, afirmó.

El funcionario también señaló supuestas actitudes retantes del imputado durante el proceso y advirtió que el DCR no permitirá que incumplimientos de esta naturaleza pasen desapercibidos.

“Sea un caso notorio o no, no vamos a permitir que estas cosas pasen por debajo del radar. Nuestra responsabilidad es proteger la seguridad de Puerto Rico”, concluyó.

En el accidente murieron José Martí Rivera Rivera, Josué Elías Rodríguez Arroyo y Eddie Caraballo Hernández. Martínez Rivera enfrenta múltiples cargos, incluyendo ocasionar la muerte al conducir bajo los efectos del alcohol, y permanece en espera de juicio.

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