El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones, admitió que funcionarios de confianza están bajo investigación y reveló que la información que está nutriendo las pesquisas proviene de empleados dentro del propio sistema correccional.

Aunque históricamente los casos de corrupción en el sistema penitenciario de la Isla han recaído sobre guardias correccionales, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, reconoció que las investigaciones actuales no se limitan a los rangos más bajos.

Según dijo en entrevista radial con ‘Primer Round’ en Magic 97.3, hay evaluaciones en curso que no se descarta alcancen niveles superiores, incluso a funcionarios de confianza dentro de la agencia.

«Aquí todo el mundo está bajo investigación… Todo el mundo está bajo evaluación», indicó el funcionario.

Quiñones evitó ofrecer detalles concretos, pero dejó entrever que próximamente podrían revelarse más hallazgos. No obstante, aseguró que cualquier señalamiento será atendido sin importar el rango o la posición jerárquica de la persona involucrada.

«Ciertamente. No voy a entrar en detalles. Manténganse en sintonía» dijo tajantemente el secretario del DCR.

Además, el secretario reveló que parte de la información que está nutriendo estas pesquisas proviene de empleados dentro del propio sistema correccional. Según explicó, hay personas que, al identificar irregularidades en la conducta de compañeros o supervisores, han comenzado a colaborar y a alertar a la administración.

«La información viene de adentro de las instituciones. Aunque estamos colaborando con agencias estatales y federales, no estamos hablando aquí que esto salió de una agencia estatal, distinta a corrección. Es que la información viene de adentro. Son los mismos compañeros que se han abierto y que están confiando en la administración actual» sostuvo el secretario.

Por otro lado, Quiñones también admitió que el DCR enfrenta un problema grave con la entrada de sustancias controladas y que este fenómeno ha evolucionado con métodos más sofisticados. Entre ellos, el uso de drones (vehículos voladores no tripulados que pueden transportar objetos) para introducir contrabando en los predios carcelarios. Como medida de respuesta, el secretario del DCR alegó que están trabajando en la instalación de mallas metálicas para hacer frente a dicha problemática.

«Es un área que sí que estamos atacando (…) Hay drones que están llegando a las instituciones y nosotros estamos instalando unas mallas metálicas en ventanas a las que los confinados tienen acceso» explicó Quiñones.

Estas expresiones se dan en un contexto de creciente presión sobre la agencia, tras varios arrestos recientes de oficiales correccionales por cargos relacionados a contrabando. Uno de los más recientes ocurrió en la Institución 705 de Bayamón, donde un oficial de 23 años fue acusado de intentar introducir teléfonos celulares ocultos en una bolsa de comida.

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En Guayama, una oficial fue detenida por supuestamente intentar ingresar cocaína y fentanilo. Por otro lado, se arrestó a otra guardia correccional a la que se le ocupó droga en su vehículo durante un operativo.

En conjunto, los señalamientos, las admisiones del secretario y los arrestos recientes dibujan un panorama complejo para el DCR, cuya gestión actual se enfrenta no solo al desafío del contrabando, sino también a una desconfianza creciente sobre la integridad de sus estructuras internas.

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