Un desglose de fondos que proveyó la ciudad evidencia que se usaron fondos públicos para completar la devolución de $9 millones malversados en transacción fraudulenta que provocó siete convictos federales.

El alcalde interino de Mayagüez, ingeniero Jorge Luis Ramos Ruiz, inició la evaluación de alternativas legales para tomar acción contra Osvaldo Rodríguez Rodríguez, empleado de la ciudad que ha sido señalado en dos ocasiones por pedir dinero a los contratistas del gobierno municipal y que es hermano del alcalde suspendido, José Guillermo Rodríguez Rodríguez.

La más reciente imputación contra Osvaldo Rodríguez Rodríguez ocurrió bajo juramento en el Tribunal Federal, cuando el exasesor legal del municipio, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, dijo que el hombre le pidió $2,000 para el comité municipal del Partido Popular Democrático después de que el abogado obtuviera un contrato de $10,000 mensuales para dar asesoría legal al alcalde suspendido.

Irizarry Irizarry y el exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro José Riera Fernández, resultaron culpables la semana pasada por su participación en el esquema de fraude mediante el que malversaron $9 millones originalmente asignados para un Centro de Trauma, pero que el alcalde suspendido decidió invertir en el mercado de valores. En total, siete personas están convictas a nivel federal por la transacción, mientras que el alcalde suspendido y la directora de Finanzas, Yahaira Valentín Andrades, enfrentan cargos locales por su manejo del dinero.

Además de Irizarry Irizarry, el contratista Roberto Ríos Vargas, había dicho a NotiCel el año pasado, que el hermano del alcalde le exigió dinero y regalías y que «tiene una oficina que no la ve nadie, pero todos los contratos pasan por las manos de él… No se mueve nada si no lo dice Osvaldo o lo dice el alcalde». El propio José Guillermo Rodríguez Rodríguez había dicho sobre su hermano que «las cosas que hace, nadie sabe cómo las hace ni cuándo las hace» y que «si yo he conocido una persona íntegra, honesta y trabajadora, se llama Osvaldo Rodríguez».

Rodríguez Rodríguez es un empleado de carrera que era ayudante ejecutivo de su hermano y que le generó a este también una querella de la Oficina de Ética Gubernamental por nepotismo con multa de $140,000 por la forma ilegal en que lo nombró varias veces. El lunes pasado, la Oficina del Contralor Electoral compareció al Tribunal Federal a solicitar transcripción del testimonio de Irizarry Irizarry porque el dinero que Rodríguez Rodríguez pidió al asesor legal no está reportado en los informes financieros del comité ni de la campaña propia del alcalde suspendido, por lo que la alegación apunta a violaciones a las leyes de financiamiento de campaña. La Oficina de la Contralora también audita en estos momentos el área de contratos del municipio.

Actualmente, dijo el alcalde interino, Rodríguez Rodríguez está en la Oficina de Desarrollo Urbano revisando planos y expedientes para tenerlos listos cuando las comunidades acudan al municipio a hacer propuestas de proyectos. De inmediato, no estuvo disponible su salario.

Ramos Ruiz no había tomado ninguna acción después del testimonio bajo juramento de Irizarry Irizarry y defendió que Rodríguez Rodríguez tiene derechos que le cobijan como empleado y también señaló que otras partes del testimonio del exasesor legal habían sido disputadas por otros testigos. Pero luego dijo que le pidió a los asesores legales de la ciudad, el bufete Aldarondo & López Bras, que comenzaran una evaluación de las alternativas. El bufete está dando servicios a la ciudad desde que estaba en funciones el alcalde suspendido.

Además, Aldarondo & López Bras, junto al bufete floridiano Erez Law, recibió una compensación de unos $2.4 millones por su gestión ante la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA en inglés) en un caso de arbitraje dilucidado en California en el que MEDI consiguió una adjudicación de daños y devolución de dinero contra Union Bank Investment Services LLC y LPL Financial, LLC, dos de las casas de corretaje que los convictos usaron para desviar parte de los $9 millones que se supone fueran una inversión para Mayagüez. Los honorarios son el 29% de los casi $8.3 millones que obtuvieron de las dos entidades financieras, indicó el alcalde interino.

Según un desglose que proveyó Ramos Ruiz, la «recuperación» de los $9 millones malversados ocurrió mediante las siguientes fuentes:

-$1.8 millones que el convicto Eugenio García Jiménez devolvió temprano en el esquema representándole al municipio que se trataba de un adelanto de los intereses que generaría la inversión, cuando realmente venían de los mismos $9 millones malversados.

-$2.9 millones que se obtuvo de LPL Financial, LLC.

-$2.9 millones que se obtuvo de UnionBanc Investment Services LLC.

-$746,250 que la Comisión de Intercambio de Valores federal (SEC en inglés) obtuvo de LPL Financial LLC en calidad de multa.

-$653,750 que MEDI remitió al municipio de sus propios fondos y que resultan ser también fondos públicos que se hubieran usado para otra cosa, pero fueron destinados a completar los fondos malversados.

La recuperación del dinero ha generado confusión desde que en mayo pasado, ante la inminencia de las acusaciones contra el alcalde suspendido y Valentín Andrades, la presidenta de la legislatura municipal, Pura Beatriz Vincenty Pagán, dijo que se habían aprobado resoluciones para aceptar una transacción de $11 millones con las casas de corretaje y que «técnicamente, no hubo pérdida de dinero para Mayagüez».

MEDI es una corporación municipal que funciona como una entidad privada, pero cuyo capital viene de los fondos y activos del propio municipio. Su Junta de Directores está presidida por el Alcalde de Mayagüez y compuesta por otros funcionarios del ayuntamiento. Por tanto, Ramos Ruiz es ahora presidente interino de la junta a la vez que alcalde interino. Otra persona que se mantiene en ambos lados es Valentín Andrades quien, a pesar de la acusación que enfrenta a nivel local, no ha sido separada de sus funciones y sigue desempeñándose como directora de Finanzas de la ciudad y como miembro de la junta de MEDI.

«Ella está haciendo el trabajo, entendemos que a este momento de donde se encuentra el proceso en los tribunales, no amerita que se tenga que remover de la posición», dijo Ramos Ruiz al afirmar que la funcionaria, una leal del alcalde suspendido, tiene también su confianza como alcalde interino.

De hecho, fue la Oficina de Finazas la que preparó el desglose de cómo se restablecieron los $9 millones que Ramos Ruiz envió en junio pasado a la representante Jocelyne M. Rodríguez Negrón, exempleada del municipio y a la que se identifica como sucesora del alcalde suspendido si este no pudiera regresar al cargo. La Asamblea Legislativa asignó a Mayagüez los fondos malversados mediante tres resoluciones conjuntas entre 2012 y 2015 para la construcción de un Centro de Trauma, algo que todavía no ha sucedido.

Esta semana, Ramos Ruiz dijo al medio regional La Calle Digital que está encaminando a MEDI hacia su disolución. «La realidad es que en este momento la corporación no está generando ingreso como fue esperado… en este momento, no tiene un razón de ser», dijo al argumentar también que el problema no fue propiamente MEDI como concepto, sino lo que hicieron «estas personas», refiriéndose a los siete convictos a nivel federal. Con su respuesta, eximió de responsabilidad al alcalde suspendido.

Antes de su disolución, explicó Ramos Ruiz, MEDI tiene que atender controversias legales con tres propiedades del municipio que el alcalde suspendido provocó que le fueran transferidas a la corporación para hacer negocios. Uno es el Centro Médico de Mayagüez (Hospital Ramón Emeterio Betances) cuya titularidad pasó a MEDI, por lo que es esa corporación la que cobra la renta, pero que ahora se buscaría revertir la titularidad al municipio; y el Hospital San Antonio y el Palacio de Recreación y Deportes, que tienen controversias pendientes con entidades privadas.

Según Ramos Ruiz, solo estas tres propiedades fueron transferidas a MEDI y no las decenas de propiedades y activos del municipio que el alcalde suspendido había autorizado que se transfirieran a la corporación para mercadearlos y usarlas de colateral en transacciones financieras.

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