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Demanda describe toma por asalto del poder en la Inter

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Demanda describe toma por asalto del poder en la Inter

26 de febrero de 2022 - Ceremonia de recordación de María Dolores Fernós. En la foto: Manuel J. Fernós, hermano de la fenecida abogada.

Expresidente de la Universidad Interamericana recurre al tribunal para obligar al arbitraje que manda su contrato y le imputa maquinaciones de poder al presidente de la Junta de Síndicos.

El presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana, José R. Muñoz Ávila, es un «advenedizo» que maniobró para despedir al expresidente de la institución, Manuel Fernós López-Cepero, para quedarse con el control de la universidad y utilizar su cargo para beneficios personales.

Esto imputó Fernós López-Cepero en una demanda de arbitraje que sometió al tribunal porque la universidad no acaba de designar el árbitro que, junto con otros dos, debe componer el panel que va a evaluar las reclamaciones del expresidente. El proceso de arbitraje es privado y ya un tribunal había determinado que entre la Interamericana y Fernós López-Cepero había un contrato que obligaba a que las disputas se manejaran en ese proceso en vez de en el foro judicial público.

Pero la demanda del expresidente, con sus reclamaciones, relatos y anejos, quedó en el récord público cuando el también catedrático de Derecho presentó el miércoles pasado una solicitud al tribunal para obligar a que la institución designe su árbitro porque todavía no lo ha hecho. Fernós López-Cepero designó a la exdirectora de la Oficina de Administración de Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, como su árbitro, la Interamericana designa el suyo y, entre los dos, designan a un tercero para conformar el panel de tres que evaluará la demanda.

Fernós López-Cepero pide una compensación combinada, que incluye salarios y beneficios dejados de devengar así como daños, de $3,475,000, por las base legales de violación de su contrato, represalia y difamación. Su esposa, la exsecretaria de la Familia, Yolanda Zayas Santana, no es parte del contrato, así que no está incluida en el arbitraje y se reservó el derecho a presentar una demanda separada.

Como adelantó NotiCel mediante una querella que sometió a la agencia acreditadora Middle States (MSCHE en inglés) el exayudante de Fernós López-Cepero, Dominique Gilormini de Gracia, la pugna entre Muñoz Ávila y el expresidente nace principalmente de dos episodios de intervención supuestamente indebida de parte del presidente de la Junta. En uno, insistió en que para la construcción de un recinto en Orlando, Florida, se usara un modelo de contrato que le daba el control de la obra y sus cambios al arquitecto y no a la gerencia de la institución. En medio de esa discusión, Muñoz Ávila pidió un donativo para la institución al abogado que había traído al proyecto al arquitecto y que defendía el contrato que beneficiaba al arquitecto. En el segundo incidente, Muñoz Ávila permitió que un asesor suyo en la Junta interviniera en la discusión de a quién se le iban a contratar las pólizas de seguro de la universidad, con valor de $200 millones, a pesar de que ese asesor, a la vez, es asesor de una de las empresas. De hecho, la intervención del asesor, así como el timoneo del tema por parte de Muñoz Ávila, desembocó en que el contrato se le diera a la empresa que también es clienta del asesor.

Vea: Querella contra la Inter detalla intromisiones y conflictos de interés del presidente de su Junta

Fernós López-Cepero sostiene en su demanda que enfrentó a Muñoz Ávila en estos dos eventos y que su despido ocurrió como represalia por intentar detener «el empeño y ambición desenfrenada de una

persona que pretende valerse de su posición de Presidente de la Junta de Síndicos de la universidad privada más grande del país, para adelantar sus intereses particulares y ejercer influencias con ánimo de derivar beneficios directos e indirectos».

«Muñoz, en esencia, logró que la Junta despidiera al Profesor Fernós luego de que él denunciara las irregularidades cometidas en el proceso de contratación del corredor de seguros de la (Inter) por un asesor de Muñoz y de la Junta y trajera ante la atención de Muñoz que las llamadas que había hecho a arquitectos del proyecto de la (Inter) en Florida para conseguir donaciones a un torneo de golf de la Junta y sobre el tipo de contrato a ser utilizado en las construcción, violaban la Política y Procedimientos establecidos por la Universidad», dice el documento.

«De esta manera Muñoz, un advenedizo a la Inter logró coronarse como la autoridad máxima dentro de la institución y lograr la forma de aprovecharse y sacar partido a sus influencias personales que tenía como resultado de presidir la Junta», añade en referencia a que Fernós López-Cepero lleva 43 años en la institución en diversos roles, 23 de los cuales sirvió como presidente sin tacha a su gestión al punto que, 48 días antes de su despido en mayo de 2022, la Junta había discutido su evaluación anual con felicitaciones y aplausos. Antes de ser presidente, fue rector del Recinto Metropolitano, vicedecano de la Facultad de Derecho y, antes de la Interamericana, fue fiscal en el Departamento de Justicia, ocupando la dirección de la Unidad de Justicia Criminal de la Comisión para Combatir el Crimen.

La Interamericana es la institución educativa más rentable de la isla, con ingresos de $300 millones anuales y activos por casi $800 millones.

«A partir de marzo de 2022, la correspondencia escrita de Muñoz al Profesor Fernós en términos de la hostilidad, prepotencia y abuso del poder y carácter humillante que reflejan, no tiene comparación con carta alguna que el presidente de la Junta le haya enviado al Profesor Fernós en su 23 años de presidencia de la (Interamericana). Claramente, el tono y lenguaje usado por Muñoz estaban diseñados con el fin de hostigar, perseguir y humillar al Profesor Fernós», se asegura en la demanda de arbitraje.

Al día de hoy, la Junta de Síndicos no le da especificado a Fernós López-Cepero los hechos que fundamentaban la «justa causa» que alegaron tener para el despido, a pesar de que desde abril de este año tienen contratado el licenciado Rolando Emmanuelli para una supuesta investigación sobre sus ejecutorias desde 2013. Tampoco le reconocieron los seis meses de sueldo y de acceso al plan médico ejecutivo que tenía como presidente y que el contrato le concede después de su salida.

Para ver la demanda, pulse aquí.

Vea:

La privatización de la justicia avanza bajo el radar

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