La Oficina de Administración de Tribunales pidió que les permita intervenir como amigos de la corte en la consideración del Plan de Ajuste de Deuda.

La Oficina de Administración de Tribunales pidió a la jueza de la quiebra del gobierno que les permita intervenir como amigos de la corte en la consideración del Plan de Ajuste de Deuda.

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) acudió a la jueza de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico para plantear que no debe aprobar el recorte y los cambios a las pensiones de los jueces que contiene el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) y que la mera radicación del plan ya ha puesto a la judicatura en “peligro grave”.

El mecanismo de comparecencia fue una solicitud de amigos de la corte que depende de que la jueza Laura Taylor Swain la acepte y ya la jueza determinó que va a escuchar a otras partes antes de decidir si acepta la comparecencia.

Actualmente, los pensionados afectados por el esquema de recortes del PAD, 8.5% de descuento a pensiones de $1,501 o más mensuales, están en período de votación para aceptar o rechazar el plan. Tienen hasta el 4 de octubre pero la jueza Swain tiene ante sí una solicitud, que no ha decidido todavía, para extender esa fecha.

El argumento de la OAT, que un recorte a las pensiones atenta contra la independencia judicial y que tiene efectos desestabilizadores sobre todo el Poder Judicial se está haciendo desde el principio del proceso de revisión de pensiones por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y nunca ha tenido éxito.

De hecho, la propia jueza Swain ya determinó en 2019 que no se podía dar un tratamiento distinto a una clase específica de pensionados y dejar que el resto de los pensionados sufran cambios. Según el documento radicado el miércoles pasado, los jueces no han cambiado el argumento y siguen promoviendo que la jueza Swain evite cualquier cambio al Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ).

“Mientras que la (JSF) promueve acceso a los mercados financieros, el acceso a la justicia del pueblo de Puerto Rico nunca debe ser cercenado o sacrificado”, planteó la OAT en la solicitud que radicaron a través del bufete McConnell Valdés.

“La incertidumbre sobre el futuro del SRJ está forzando a muchos jueces experimentados y dedicados a escoger entre su estabilidad económica y su carrera judicial, para detrimento del Poder Judicial de Puerto Rico y el pueblo que sirve”, subrayó la OAT en el escrito que jurídicamente se basa en el argumento de que cualquier cambio a las pensiones es una reducción inconstitucional de beneficios y un atentado a la independencia judicial.

Entre los datos que proveen es que los jueces ya tuvieron cambios en sus pensiones que afectan a todos los que juramentaron después de julio de 2014, que los jueces aquí ganan unos $70,000 menos que los de jerarquías comparables en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, que los salarios no han cambiado desde 2003, y que la OAT está “profundamente preocupada sobre los efectos que los cambios propuestos al SRJ tendrán en la capacidad para atraer y retener profesionales cualificados para el sistema judicial, amenazando la estabilidad y funcionalidad del Poder Judicial”.

“Los jueces jóvenes, de más reciente nombramiento, que tienen 12 años o menos en el cargo, y que representan el 60% de la judicatura, tendrían un incentivo aún mayor para renunciar, debido a que sus beneficios de retiro son los más bajos”, anotaron.

Según OAT, el Poder Judicial tiene ahora 78 jueces municipales, 242 jueces superiores, 34 jueces apelativos y ocho jueces del Tribunal Supremo, para un total de 362.

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