Luis Joel Vargas Martell (Vargas), residente de San Sebastián, se declaró culpable en noviembre de 2020

Un oficial jubilado de la Policía fue sentenciado a dos meses en una prisión federal por delitos graves de violación de la Ley Lacey que involucran el tráfico y etiquetado falso de criaturas protegidas del arrecife como parte de un esfuerzo por subvertir a los puertorriqueños, leyes diseñadas para proteger los organismos de los arrecifes de coral.

Luis Joel Vargas Martell (Vargas), residente de San Sebastián, se declaró culpable en noviembre de 2020 de contrabando de exportaciones y dos violaciones graves de la Ley Lacey por recolectar, comprar, etiquetar falsamente y enviar especies de invertebrados marinos protegidos como parte de un esfuerzo por subvertir la ley puertorriqueña diseñada para proteger los corales y otras especies de arrecifes.

Después de retirarse del Departamento de Policía de Puerto Rico, Vargas abrió un negocio de acuarios en línea desde su casa. Durante 2014 hasta 2016, Vargas fue copropietario del negocio de acuarios de agua salada, Carebbean Reefers (error de ortografía intencional) que también operaba en línea a través de la tienda de EBay “Redragon1975”. Una gran parte del negocio se dedicó a la venta de especies marinas nativas de Puerto Rico que son populares en el comercio de acuarios de agua salada.

Vargas envió especímenes vivos recolectados ilegalmente a clientes en los Estados Unidos continentales y países extranjeros mediante servicios de mensajería comercial. Uno de los artículos más populares que Vargas y su negocio enviaron fuera de la isla fue un organismo del género Ricordea. Estos animales se conocen como “rics”, “pólipos” u “hongos” en la industria de los acuarios. Los miembros del género forman parte de la estructura del arrecife y pasan su vida adulta sujetos al arrecife. Estos animales son coloridos a la luz natural, pero lo que los hace particularmente interesantes para los propietarios de acuarios es que “brillan” bajo las luces ultravioleta que se usan típicamente en acuarios de agua salada de alta gama.

Es ilegal cosechar Ricordea, zoanthids y anémonas en Puerto Rico si los especímenes se van a enviar fuera de la isla o se venderán comercialmente de otra manera, ni hay un permiso disponible para hacerlo. Vargas recogió personalmente gran parte de Ricordea y otras criaturas del arrecife que vendió fuera de la isla. En múltiples ocasiones, acompañaba a su socio comercial, y ellos buceaban desde la costa en busca de Ricordea. Debido a que las Ricordea están adheridas al sustrato del arrecife, la pareja utilizaría un cincel para romper a los animales y, al hacerlo, tomaría trozos del arrecife con ellos. Esto fue perjudicial para el medio marino, ya que provocó la degradación física de la estructura subyacente del arrecife.

Para encubrir la naturaleza de sus envíos y evitar la detección por parte de las autoridades de inspección gubernamentales, el esquema incluía etiquetar falsamente muchos de los envíos vivos como objetos inanimados. Desde enero de 2014 hasta marzo de 2016, Vargas envió o hizo que se enviaran al menos 40 cargamentos de especies marinas que fueron capturadas ilegalmente en las aguas de Puerto Rico. Si bien existe alguna variación en el precio de Ricordea dependiendo de la coloración, el tamaño y otros factores, el valor minorista agregado de Ricordea ilegal enviado por Vargas valía al menos 90,000 dólares.

Además del tiempo en prisión, Vargas fue sentenciado a una pena de libertad supervisada de tres años y trescientas horas de servicio comunitario. El tribunal también prohibió a Vargas recolectar o adquirir vida marina, enviar vida marina fuera de la isla y bucear y hacer esnórquel en Puerto Rico. También se le exigió que entregara sus permisos de pesca y pagara una multa penal de 10,000 dólares y una restitución de 15,000 dólares. En un asunto relacionado, en diciembre de 2020, Raymond Torres fue sentenciado a cinco años de libertad condicional con prohibiciones similares a la actividad marina, 300 horas de servicio comunitario y multas económicas de 35,000 dólares.

Este caso fue investigado como parte de la Operación Fondo de Roca y la Operación Borinquen Chisel por agentes especiales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica con el apoyo de los inspectores del USFWS. El caso está siendo procesado por Christopher Hale de la Sección de Delitos Ambientales de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con la Fiscal Federal Auxiliar Carmen Márquez de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.