Cerca de «un billón» de dólares se desembolsaron, pero se asume que hubo mano criminal entre funcionarios públicos y electos, así como empresas de bienes raíces.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) mantiene investigaciones abiertas a funcionarios públicos y empresarios que se alega confabularon para disponer de la sólida cifra de mil millones de dólares, dinero que suponía beneficiar a residentes de comunidades de escasos recursos, pero que se asume terminaron en los bolsillos de unos pocos.

Como prueba, ODSEC tiene constancia de que se desembolsaron todos los fondos del programa, pero quedan 41.8% proyectos sin hacer o sin comenzar.

“Tenemos investigaciones abiertas ante agencias del Estado, precisamente porque hemos obtenido información de que funcionarios públicos y electos han participado de ciertos actos dentro del programa. Así que todo está siendo investigado en este instante», afirmó Jesús Vélez Vargas, director ejecutivo de ODSEC.

A esto añadió que hay «compañías, incluso, de bienes raíces, que se apropiaron de las propiedades y las estaban mercadeando. Que no simplemente fueron entes públicos, sino que entes privados participaron, muchas veces en contubernio con funcionarios electos”.

La ODSEC fue creada por la Ley 10 de 2017 y está adscrita a la Oficina del Gobernador. Entre sus responsabilidades se encuentra implantar y ejecutar la política pública de desarrollo comunitario sobre el Tercer Sector. Su creación sustituyó a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión, creada por la Ley 1-2001 y conocida como «Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico».

Las declaraciones de Vélez Vargas surgieron durante la vista pública de transición con el gobierno entrante. El actual alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, fue quien trajo el tema.

Rivera Cruz adjudicó el problema a que el programa en favor de las comunidades especiales “se convirtió en un negocio para muchos amigos y las comunidades se quedaron desprovistas”. Mencionó como ejemplo una vivienda en Naranjito en la que se debía rehacer el piso, pero los trabajadores utilizaron el piso viejo luego de lijarlo y virarlo al revés.

En otro caso, indicó el alcalde, cobraron diez mil dólares por pintura, pero la dueña de la casa denunció que nadie pintó, sino que su nieto asumió la labor con tres latas de pintura que les dejaron en la puerta.

“Nunca hubo una consecuencia. ¿Ustedes hicieron gestión para elevar eso a Justicia?, pero un billón de dólares es un billón de dólares”, subrayó Rivera Cruz.

Vélez Vargas reiteró que habían investigaciones en curso, pero no especificó ante qué entidades.

“Yo soy de los que piensa que aquí hubo un desfalco. Se malversaron, se utilizaron fondos. Muestra de lo que está pasando es que todo el dinero se desembolsó, pero todavía queda 41.8 por ciento de los proyectos sin hacer o sin comenzar. Así que, de su faz no se hizo un plan estratégico de la administración de los fondos”, estableció Vélez Vargas.

En noviembre de 2019, Vélez Vargas sometió el primer Informe sobre las Comunidades Especiales, en donde se vaticinaba que se involucrarían las entidades investigadores, pues se confirmó que hubo mal manejo de fondos públicos en diferentes agencias, además de gastos exorbitantes en mejoras de viviendas de interés social.