NotiCel supo que algunas de las familias implicadas han devuelto el dinero, pero otras no.

Ya está en manos de la fiscalía del Departamento de Justicia la información que presuntamente vincula a varios estudiantes del colegio San Ignacio de Loyola, confabulados con varios adultos quienes le habrían asistido en el proceso, en el fraude a los fondos del Pandemic Unemployment Assistance (PUA, por sus siglas en inglés).

El Departamento del Trabajo confirmó a NotiCel que varios fiscales acudieron a sus facilidades a diligenciar la solicitud de información a la agencia.

«Estuvieron por aquí compañeros de la División de Robo de Bancos, se les entregó obviamente el requerimiento de información que habían peticionado ellos y Fiscalía», dijo a NotiCel el secretario auxiliar de Beneficios al Trabajador del Departamento del Trabajo, José Alfredo Ríos.

«Ahora la conclusión de la investigación estaría en manos de esa unidad», indicó sobre la pesquisa, que también involucra a las autoridades federales por la naturaleza de los fondos.

A preguntas de este medio sobre la posible radicación de cargos, como sucedió ayer con otro individuo que presuntamente cometió fraude al PUA, aseguró que no pueden divulgar información adicional del caso puesto que, al ser menores de edad, queda bajo el Departamento de Justicia.

«El interés principal del Departamento (del Trabajo) es la restitución de los fondos. El pormenor de los casos, como implica a menores, pues solamente Justicia y el cuerpo investigativo de la Policía estarían en posición de dar estatus», sostuvo, expresando que Trabajo solamente es un «elemento de facilitación» de información.

No pudo precisar la cantidad total de los fondos en cuestión porque, según indicó, ya hay familias que han devuelto el dinero, pero otras todavía no.

Hasta ahora, aparte de que fueron varios los estudiantes que confabularon para robar los fondos federales, se sabe que dos madres de alumnos del referido colegio encontraron cheques de PUA a nombre de sus hijos y los entregaron a la Policía.

Estos cheques eran por las cantidades de $7,458 y $6,126, según detalló José Ayala, director de la División de Robos a Bancos del Negociado de la Policía de Puerto Rico en una entrevista radial (WIAC 740), hace unas semanas.

Ambos menores involucrados detallaron a las autoridades que el esquema incluye alrededor de otros 30 alumnos del colegio, y también se ha mencionado que adultos comerciantes ayudaron a los menores a tramitar las peticiones de PUA.

Los dos menores de los que la Policía tiene detalles pusieron la dirección de su residencia para recibir el dinero, sin embargo, se aborda la posibilidad de que otros menores utilizaran direcciones de adultos mayores para recibir la asignación post pandemia.

La Policía había anunciado a principios de este mes que solicitaría una lista de alumnos al Colegio San Ignacio para comparar el documento con los datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). La comparación busca confirmar si otros alumnos recibieron dinero de PUA.

Asimismo, luego de conocer las alegaciones, el Colegio San Ignacio había emitido declaraciones indicando que «se tomarán las más serias sanciones disciplinarias» si se confirma el esquema de fraude.

La periodista Ivette Sosa también hizo declaraciones luego de que se rumoraba que su hijo está involucrado en el asunto.

«Todos los que me conocen y han seguido mi trayectoria saben de mi apego y compromiso con la verdad. No obstante, debido a que hay investigaciones federales y locales en curso, he sido instruida por las autoridades a no hacer declaraciones sobre este asunto. Con la misma responsabilidad con la que he formulado preguntas a otros, haré declaraciones públicas en el momento en que me sea permitido por las autoridades”, dijo el pasado 31 de julio.