Enviará propuesta al Gobierno.

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Jorge Haddock Acevedo, quien hace un año consideraba ‘manejables’ los recortes presupuestarios a la institución por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), enviará una propuesta al Gobierno —que tampoco ha batallado esas reducciones— para que deje sin efecto la disminución de $71 millones de cara próximo año fiscal.

Mediante un comunicado de prensa, Haddock Acevedo señaló que las exigencias de la entidad financiera tienen el poder de ‘forzar’ a la institución educativa a tomar medidas como el cierre de algunos de los 11 recintos y unidades que componen el Sistema UPR. En los pasados tres años, el Estado le ha cortado $330 millones al presupuesto de la Universidad, cifra cumulativa que se elevaría a $400 millones el próximo año.

‘Como Administración del primer centro docente en la Isla, hemos atendido responsablemente los ajustes de presupuesto establecidos en el Plan Fiscal, que a esta fecha suman $333 millones. Con este escenario, logramos mantener la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education y entregamos nuestros estados financieros auditados. Asimismo, continuamos trabajando en la consolidación de servicios administrativos y transformando los procesos mediante la digitalización. Pero nos hemos dado cuenta de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continúa poniendo a la Universidad contra la pared para forzarla a despedir personal o cerrar recintos’, argumentó el catedrático en declaraciones escritas.

Haddock Acevedo aseguró que busca, junto al Gobierno, identificar alternativas que eviten el recorte del próximo año, por lo que enviaría una propuesta institucional para que se restituyan los fondos a la UPR.

En sus declaraciones, el catedrático indicó que parte de la precariedad económica repentina de la institución yace en que la JCF solicitó un incremento súbito en la aportación al Sistema de Retiro UPR de $80 millones adicionales, para así elevar el total a $161 millones en el año y abonar a su solvencia.

En una carta a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y a modo de responder a una misiva enviada por la JCF, la Junta de Gobierno de la UPR adelantó que hacer ese depósito adicional dejaría a la institución sin dinero para operar cómodamente por los próximos días y perjudicaría los pagos a los estudiantes.

‘En términos porcentuales, la Universidad enfrenta el mayor recorte de presupuesto entre las entidades que cubre la Ley PROMESA. Exigir ahora $80 millones adicionales es insostenible e irrazonable, más aún cuando la JSF reconoce que esto no garantizaría la solvencia del Sistema y, de acuerdo con sus sugerencias, todavía habría que reformarlo o hasta congelarlo’, explicó Haddock Acevedo.

En su carta a la Gobernadora, la Junta Fiscal apuntó a la administración de la UPR como la perpetradora del sabotaje al Sistema de Retiro, lo que afecta la cartera compartida por cerca de 20,000 empleados docentes y no docentes.

‘Siempre he dicho que la calidad y el acceso no son negociables. No vamos a colocar un peso mayor a los estudiantes. Nuestra institución es un pilar de desarrollo y capital humano para la Isla y tenemos que fortalecerla. Hago un llamado a toda la comunidad universitaria, a que reafirmemos nuestra misión como institución. Estamos dando el máximo por nuestra universidad, que es el motor para que nuevas generaciones puedan seguir contribuyendo a la sociedad puertorriqueña’, finalizó Haddock Acevedo.

Las expresiones del Presidente de la UPR surgen luego de que ayer, a su llegada a La Fortaleza a una reunión, y hoy, en una entrevista radial, alertara que el recorte presupuestario de $71 millones a la universidad del Estado causaría que ‘posiblemente’ se cierren algunos de los 11 recintos y unidades.

Sin embargo, en sus declaraciones escritas, Haddock Acevedo hizo hincapié en que él ‘no contempla el cierre de recintos’, pero que sus palabras se trataban de una ‘advertencia responsable’ sobre hacia dónde llevarían las exigencias de la JCF.

A su llegada a la presidencia de la institución en septiembre de 2018, el catedrático afirmó que los recortes presupuestarios solicitados eran ‘manejables’, por lo que posteriormente se mostró confiado en las ‘eficiencias’ que había logrado en términos de medidas de ahorro. Entre ellas, los recortes administrativos, cambios en los usos de energía eléctrica y la disminución de gastos en los 11 recintos y unidades, que además adelantó continuarían, porque esa era ‘su especialidad’.

Durante el verano, los 11 recintos y unidades de la UPR fueron removidos del estado de probatoria en que los tenía la agencia acreditadora Middle States, la cual aconsejó que la institución educativa debía evaluar su sostenibilidad de cara al futuro.