Un contratista de una agencia de gobierno pretendió cobrarle a la agencia en la que trabaja por entregarle documentos que se le habían requerido para, precisamente, que evidenciara el trabajo que se supone hubiera hecho bajo su contratación pública y que había requerido examinar la Oficina del Contralor como parte de una auditoría.

La Contraloría no divulgó la identidad del contratista ni de la agencia, pero emitió una Carta Circular recordando que los contratistas asumen la responsabilidad legal de custodiar y mantener los documentos relacionados con su contrato y que ninguna persona o entidad ‘puede cobrar por contestar o brindar información a nuestros requerimientos, los cuales son, evidentemente, de naturaleza constitucional’.

No se puede emitir pago alguno, ‘relacionado con que los contratistas cumplan con nuestros requerimientos de información y cobren por dicho concepto’.

‘Nuestros auditores le solicitaron al contratista evidencia del trabajo que llevaron a cabo. Sin embargo, el tiempo que iban a incurrir consiguiendo la información y el costo de las copias se lo quería cobrar a la agencia’, dijo la portavoz de la Contraloría, Lisandra Rivera, sobre el motivo de la publicación de la carta, aunque sin detallar de quiénes se trató.

‘[C]iertos contratistas de distintas entidades gubernamentales pretenden facturar, y cobrar como servicios profesionales, las contestaciones y la entrega de información en respuesta a nuestros requerimientos y solicitudes’, dice la carta.

Para ver la carta circular, vea aquí: