Acuden al Supremo federal en defensa de la JCF.

El Gobierno de los Estados Unidos, a traves de su Procurador General, acudió al Tribunal Supremo federal en una movida que calificaron como histórica para defender la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) porque, sostienen, si se declaran inconstitucionales serían igualmente inconstitucionales todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico y todos los nombramientos que esos gobernadores han hecho.

‘El que escucha eso se tiene que dar cuenta inmediatamente lo ridículo y absurdo que eso suena, pero eso es efecto de que somos una colonia. En ningún otro lugar de los Estados Unidos, jamás, nadie tendría la cara de presentar unos asuntos y unos argumentos tan ridículos y tan absurdos en terminos de tratar de comparar la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal, que son un ente federal, y lo que serían los funcionarios que se escogen a nivel estatal y electos por el pueblo’, declaró el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, durante una conferencia de prensa.

Según Rosselló el sistema colonial lleva a las personas razonables a dar ese tipo de contestación pues se amarran al estatus de territorio.

‘En una parte articulan que esto es la manera que ellos están siendo innovadores con la gobernanza de los territorios. Los territorios y las colonias se han erradicado a traves del mundo porque son estructuras anacrónicas que no funcionan. El mero hecho de que traten de innovar una colonia es absurdo y contradictorio en sí’, expresó el gobernador.

Para el gobierno federal, la Ley PROMESA que habilitó el proceso de quiebras para Puerto Rico y que instauró a la JCF es otro ejemplo más del poder del Congreso para administrar a los territorios de EE.UU., tal como lo fue cuando el Congreso permitió a traves de la Ley Jones que el pueblo de Puerto Rico redactara una Constitución y tuviera autogobierno.

Ambas instancias, argumentan, fueron ejemplos del poder de acción del Congreso en los territorios, ambas son acciones admitidas bajo la Constitución de los Estados Unidos y, si una se declara inconstitucional la otra lo debe ser tambien, dijeron al Supremo.

‘PROMESA es otro acercamiento innovador a la gobernanza territorial’, aseguró el gobierno federal al parafrasear lo que había determinado el Supremo federal en el notorio caso de Sánchez Valle que reafirmó la naturaleza territorial colonial del Gobierno de Puerto Rico y el poder del Congreso sobre la isla como territorio.

‘Por primera vez en la historia de la Nación, un tribunal ha declarado que los oficiales territoriales deben ser nombrados de acuerdo a la Claúsula de Nombramientos (de la Constitución federal). Esa determinación, que no puede cuadrarse con los precedentes de este tribunal, necesariamente implica que el Gobierno de Puerto Rico ha sido inconstitucional desde sus inicios’, dice el documento.

En su ataque al razonamiento que expuso el juez puertorriqueño Juan R. Torruella en su decisión apelativa declarando inconstitucional los nombramientos, el gobierno federal plantea tambien que los miembros de la Junta son oficiales ‘territoriales’ porque la Junta está creada como una dependencia del Gobierno de Puerto Rico y que la Cláusula de Nombramientos no les aplica. Esta Cláusula es la que obligaría que los nombramientos vengan del Presidente de los Estados Unidos y pasen al Senado federal para confirmación.

‘La Cláusula de Nombramientos no requirió que el gobernador de Puerto Rico fuera designado con el consejo y consentimiento del Senado (federal) entre 1900 y 1947, pero entonces le permitiera ser electo de ahí en adelante. Dicho de otra manera, la Cláusula no tiene una ‘excepción por elecciones’, añadieron.

Para urgir a que el Supremo federal acoja y resuelva el caso, el documento añade que ‘la decisión de apelaciones tendría consecuencias prácticas devastadoras para la recuperación económica de Puerto Rico’.

‘Desde su creación, la Junta ha usado su autoridad estatutaria para lograr progreso sustancial hacia restaurar la salud fiscal de Puerto Rico’, concluye.

Lea la solicitud del Procurador General a continuación.