En la primera hora de la madrugada del martes, los acreedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante de Puerto Rico (COFINA por sus siglas en ingles) se convirtieron en los primeros acreedores en demandar al Gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan despues de que el lunes expirara la paralización de pleitos que proveía a ley federal PROMESA.

La demanda es de grupos e individuos tenedores de esos bonos así como también dos demandas separadas por parte de Ambac Assurance Corporation, la aseguradora que cubre el pago de esos bonos y que es la que enfrenta la obligación de pagar los bonos completos a sus asegurados aunque el gobierno reestructure y baje la deuda.

La radicación de esta madrugada ocurrió sin que, hasta la hora de este escrito, la Junta de Control Fiscal (JCF) o el gobierno hayan confirmado acciones tomadas tras la expiración de la moratoria de pleitos. La JCF había anticipado que llevarían las negociaciones con los acreedores al Título III de PROMESA, lo cual provee para un procedimiento de quiebra supervisado por el tribunal.

La JCF está demandada junto al gobierno en los pleitos presentados que confirman el esperado enfrentamiento entre bonistas de COFINA y bonistas de Obligaciones Generales.

‘La soberanía confiere gran poder, pero no autoriza la ilegalidad. Este pleito busca detener el más reciente de una serie de actos inconstitucionales e ilegales que han sido el desafortunado ‘modus operandi’ del Gobierno de Puerto Rico en el manejo de su depresión financiera y económica. En vez de rectificar estos abusos, la Junta de Supervisión creada por el Congreso para restaurar la responsabilidad fiscal en el gobierno la ha afirmativamente exacerbado, dando su aval a un esquema y violaciones estaturarias contínuas que sólo pueden llamarse robo’, dice Ambac en su demanda.

Unos $16,000 millones en bonos COFINA fueron vendidos, principalmente durante la Administración Fortuño y los bonos tienen como fuente de repago los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). COFINA y el IVU fueron mecanismos que inventaron el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y la legislatura al mando del Partido Nuevo Progresista para allegar fondos al fisco durante ese cuatrienio compartido.

El punto principal de las demandas es que se afectan los derechos constitucionales de los acreedores porque el Plan Fiscal del gobierno, certificado por la JCF, mezcla los fondos que se supone estuvieran separados para el repago de estos bonos y no provee para que los bonos sean pagados en su totalidad.

Al tribunal se le piden dos acciones concretas: que obligue a que se enmiende el Plan Fiscal y que se le dé acceso a la información a los acreedores porque sostienen que los documentos que ha generado el gobierno en el proceso de reestructuración y negociación de deuda tienen que ser publicados. También, una de las demandas busca detener el desvío de fondos mediante el mecanismo de ‘clawback’ que inauguró el exgobernador Alejandro García Padilla.

Vea las demandas abajo:

Demanda COFINA I – NotiCel_24643

Demanda COFINA II – NotiCel_24644

Demanda COFINA III – NotiCel_24645