La Cámara de Representantes aprobó a viva voz la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal que funciona de modo similar a la Ley de Moratoria, que presentó el exgobernador Alejandro García Padilla, dando prioridad a los servicios esenciales. Sin embargo, se diferencia en que la nueva medida enmarca una doctrina de cumplimiento con el pago de la deuda pública, que alcanza los más de $70 mil millones.

Los trabajos en la rama baja de la Asamblea Legislativa, que estuvieron retrasados por alrededor de 2 horas, desarrollaron varias enmiendas a este proyecto, entre las cuales, se hace protagónica la disyuntiva entre las delegaciones de minoría y mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), respectivamente, debido a la posibilidad de que el proyecto transfiera disposiciones legislativas al ejecutivo, Ricardo Rosselló.

En esta línea, el representante de la Pava por el distrito 31, Jesús Santa, recordó a la delegación de la mayoría del PNP, que le alarman las disposiciones de este proyecto, conocido como ‘PC675′, ya que otorga al gobernadorRosselló Nevares la posibilidad de optar por la venta de activos del Gobierno sin necesidad de legislación.

Ante este panorama, el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Agiló, aclaró que esta característica no debería preocupar a la delegación del PPD, pues ‘de ninguna manera esta medida va a menoscabar los deberes y facultades de la Asamblea Legislativa… Se aclaró que en la venta de activos, el gobernador podrá hacerlo sujeto al ordenamiento jurídico vigente’.

No obstante, las discusiones sobre las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa y el ejecutivo continúan con ponencias como la del representante novoprogresista Jorge Navarro, quien aseguró al cuerpo que ‘esta Legislatura no se arrodilla ante el gobernador’, sino que la medida establece ‘que tiene que venir el gobernador a darle cuentas a esta Asamblea Legislativa y cualquier emisión de bono tiene que pasar por la Legislatura… aquí siguen los poderes’, sostuvo.

Sin embargo, el representante por acumulación Jesus Manuel Ortizrefutó las menciones pasadas y expresó que ‘a la hora de pagar, el gobernador podrá decidir entre pagar deuda o pagar transportación de niños con impedimento’.

Al momento, la revisión de este proyecto continúa, al igual que el debate por defender los poderes legislativos establecidos en la Constitución. No obstante, se espera que la medida sea aprobado por la mayoría novoprogresista.

Según disponía el proyecto, Rosselló Nevares tendría la facultad, por orden ejecutiva, de alargar el período de vigencia de la Ley por 3 meses adicionales luego de su expiración el 31 de mayo.

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