La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) prepara más querellas relacionadas con el escándalo de las Becas Presidenciales despues de que la semana pasada radicaran la primera querella en la historia de la oficina contra un presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Así lo confirmó la directora de la OEG, Zulma Rosario, quien, sin embargo, enfatizó en que no ha recibido información de sus investigadores sobre cuáles serán los próximos querellados.

El caso es ‘bastante extenso’ y ‘bastante complejo’ comentó Rosario. ‘Es la primera vez en la historia que un presidente de una universidad acaba con una querella en esta oficina y me da muchísima pena’, añadió a la vez que recalcó que, personalmente, le ‘duele’ como egresada de la Facultad de Derecho de la UPR.

La querella contra Walker Ramos imputa tres violaciones a la Ley de Ética en el manejo de la concesión de las becas a Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Síndicos, Jorge Sánchez; y a Carlos Pagán Cuebas, exsíndico de la UPR vinculado con el expresidente Antonio García Padilla. Por estas violaciones, Walker Ramos enfrenta multa de hasta $120,000 pero, además, enfrenta la posibilidad de tener que restituir los beneficios que recibieron los becados, una suma de $63,200, y esta suma, además, podría triplicarse como compensación de daños para una suma punitiva adicional de unos $190,000.

Aunque Rosario no divulgó más detalles, la propia querella contra Walker Ramos, y el informe de la comisión externa que investigó el programa de Becas Presidenciales, apuntan a la participación en los hechos del exrector de Río Piedras, Carlos Severino, la licenciada Cristina Alcaraz, directora de la Oficina de Asuntos Legales, y la vicepresidente de Asuntos Académicos del sistema universitario público, Delia Camacho, quien tomó parte en la evaluación de las becas.