La Federación de Trabajadores de Puerto Rico repudió energicamente el Proyecto de Ley 5278 de la Cámara de Representantes federal que impondría una Junta de Control Fiscal.

‘Tal como está concebida en esta legislación, la Junta sería un super-gobierno impuesto por el Congreso. Sería, en la práctica, un golpe de estado ‘‘legal» para proteger a los bonistas y acreedores del Gobierno, sin aportar nada al desarrollo económico que con urgencia necesitan el País y nuestro pueblo’, afirmó el presidente de la central obrera más antigua de Puerto Rico, José Rodríguez Báez, en un comunicado de prensa.

‘En esta coyuntura crucial, lo correcto es no pagar la deuda de dudosa validez a los voraces buitres, como lo ha propuesto reiteradamente el movimiento obrero. En el proyecto de presupuesto del Gobernador no hay partidas para satisfacer las exageradas demandas de los acreedores. Mientras mantenga esa actitud, tendrá nuestro apoyo en este asunto. Nuevamente afirmamos que los dineros que recoja el Gobierno tienen que ser destinados con prioridad a preservar y mejorar los servicios públicos’, añadió Rodríguez Báez.

Señaló que la clase trabajadora será particularmente perjudicada con la legislación federal propuesta, ya que la Junta tendría autoridad para recortar los escasos beneficios de los jubilados y de los que se jubilarán en años próximos, así como para imponer un salario mínimo de hambre a los trabajadores de menos de 25 años; a disponer a su antojo de los bienes públicos mediante la venta o privatización, entre otras nefastas prerrogativas. ‘El Gobierno electo por los puertorriqueños no podrá hacer nada para paralizar los decretos dictatoriales de dicha junta, sin correr riesgo de ser acusado en el tribunal federal’, apuntó el dirigente de la FTPR.

Informó que tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, los sindicatos de la AFL-CIO y otros, que representan a millones de trabajadores, están exigiendo a los legisladores norteamericanos que no aprueben el Proyecto 5278 ‘por antidemocrático e injusto con Puerto Rico’.

‘La responsabilidad del Congreso federal y del Gobierno de los Estados Unidos es permitir una reestructuración ordenada y justa de la deuda de Puerto Rico y contribuir a que este país identifique y ponga en curso mecanismos de desarrollo económico que eviten se profundice la gravísima situación de desesperanza, desempleo y emigración que sufre nuestro paciente pueblo puertorriqueño’, concluyó Rodríguez Báez.