El municipio de Carolina denunció hoy, viernes, que el embargo que mantiene el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al dinero de la Contribución Adicional Especial (CAE) le obligaría al ayuntamiento a afectar los servicios de salud, seguridad, educación y transporte gratuito que actualmente ofrece a sus ciudadanos, según señaló el alcalde de la ciudad, Jose Carlos Aponte.

El BGFincautó unos $26.5 millones producto del sobrante de la Contribución sobre la Propiedad pagados por los residentes de Carolina, y que el Alcalde cuenta con esa asignación para pagar los servicios directos a las comunidades y ayudas a personas en mayor necesidad.

‘En una economía tan frágil como la que vive nuestro país, no podemos penalizar a los municipios que están administrando con prudencia sus ingresos. Carolina mantiene en el BGF un sobrante de $26.5 millones destinados a mantener los servicios del SITRAC, al Centro Terapéutico para pacientes con Alzheimer, al servicio de amas de llave de nuestros ciudadanos enfermos; al recogido de material reciclable y el recogido de desperdicios sólidos del programa Carolina Bella; mantenemos las operaciones de las escuelas de Bellas Artes, Deportes y la Escuela Pa’ Los Duros además de los servicios de Policía Municipal, Bomberos Municipales y Manejo de Emergencias Municipal, por mencionar solo algunos de los servicios que se verán afectados si el Banco no nos permite retirar el dinero que nos pertenece’, explicó Aponte añadiendo que el dinero incautado corresponde al presupuesto total de $51.3 millones asignados para la ayuda directa a ciudadanos.

Lo alarmante de esta decisión del gobierno central, según expresó Aponte, es que el año pasado el BGF le vendió al CRIM un certificado de depósito por $291 millones, de donde se deposita el dinero del CAE de todos los municipios. ‘Si Carolina retira el dinero que le pertenece, unos $26 millones, se supone entonces, que el Banco tenga en sus arcas unos $265 millones propiedad de los demás municipios’, dijo.

De ser así, el alegato del gobierno que señala a Carolina como responsable de que el BGF se quede sin dinero para los demás municipios, levanta la interrogante de cómo se utilizaron los $291 millones pertenecientes al CRIM y los Municipios. La Ley del Financiamiento Municipal estipula que este dinero sea pagado en su totalidad a las municipalidades dentro del año fiscal cuando lo soliciten.

‘Los alcaldes son la entidad gubernamental más cercana a las necesidades del pueblo. Los ojos de los alcaldes asociados deben mirar al BGF y no a Carolina; pues el dinero que sus ciudadanos pagaron en contribuciones, les pertenece. El BGF tiene que explicar dónde están los $291 millones del certificado de depósito que le vendió al CRIM en noviembre que no podía usar para liquidez del BGF pues pertenecen a un Fideicomiso y por la tanto tienen que estar separados de los demás fondos del BGF’, enfatizó el Alcalde popular, quien recientemente demandó al Banco para exigirle cumpla con el acuerdo realizado por ambas partes y le permita al Municipio Autónomo el desembolso de fondos propios.