Al embarcarme en esta aventura de realizar una serie especial siguiendole la pista a casos de malversación de fondos públicos referidos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, las palabras de mi padre -tambien periodista- retumbaban en mi mente.

El viejo siempre me decía que ‘la prensa es la voz de los que no tienen voz’ y que nuestra más profunda responsabilidad ética era con el País, asumiendo las veces de ente fiscalizador ante el ojo público.

Con esto en mente arranqué en esta misión de descubrir qué pasó con los casos que fueron reseñados en la prensa local pero que nunca tuvieron mayores consecuencias a una leve exposición en los medios de Puerto Rico.

Francamente, mi expectativa personal era encontrar uno que otro caso de malversación de fondos aún existente, pero mi esperanza era descubrir que la mayoría de estos fueron resueltos luego de la auditoría de la Contralora.

Sin embargo, y para mi sorpresa, la situación de malversación de fondos públicos en los municipios visitados era mucho peor de lo que, incluso, el informe de auditoría indicaba. Casos que, definitivamente, están directamente relacionados con el descalabro fiscal y la insolvencia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y su práctica de proveer financiamiento directo a municipios sin fuentes de repago.

Más aún, casi todas las obras realizadas a través del uso inescrupuloso de fondos públicos continúan abandonadas a manera de nefasto recordatorio de que en Puerto Rico, aparentemente el crimen y la corrupción sí pagan.

Los dos municipios que más me impresionaron por la crasa falta de compromiso con la ciudadanía de pasadas administraciones fueron Vieques y Vega Baja.

En el primero, se han perdido más de 30 millones de dólares en obras que han probado ser totalmente inútiles e innecesarias como elPolideportivo del barrio Luján y el terminal de la Ruta Corta, por mencionar solo dos. Obras insulsas que resultan ofensivas, especialmente en un municipio que por décadas ha sufrido por la falta de un sistema efectivo de transporte marítimo para sus residentes.

Por qué estos alcaldes no utilizaron parte de ese dinero para mejorar el sistema de transporte y no simplemente delegarle esa responsabilidad al Gobierno central?

Sabemos que es responsabilidad de la Autoridad de Transporte Marítimo hacer lo propio, pero ante la inacción de este organismo, el bienestar de los residentes no pasa a ser la prioridad de los que se hacen llamar líderes?

Por otro lado, en Vega Baja, un pueblo casi fantasma, el edificio de tres pisos que albergaría la biblioteca electrónica a la entrada del centro urbano, la adquisición de esculturas de bronce que nunca fueron utilizadas y las cámaras de seguridad inservibles en el pueblo, son solo algunos proyectos emblemáticos de pasadas administraciones que probaron ser un ejercicio en futilidad, utilizando de forma antiética el dinero del pueblo. Nuestro dinero!

En este último municipio, uno de los alcaldes involucrados en estos casos, extingue una pena federal por corrupción pública, sin embargo, nunca ha tenido que rendirle cuentas al País referente a estos gastos exorbitantes.

La pregunta de rigor es, por qué?

Según indica la Contralora, la falta de recursos y de ‘garras’ de su oficina les imposibilita llevar hasta los tribunales a estos funcionarios, al menos por los casos auditados que reflejan mal uso de fondos públicos y no acciones criminales penalizadas por ley.

Pareciera ser que la figura del Contralor, aparte de ser una de las más odiadas por los funcionarios, es una decorativa con la que el Estado puede justificar una supuesta acción de fiscalización a sus propios componentes. Fiscalización que resulta ser un espejismo burocrático si no se penaliza a aquellos que violentan la confianza de la ciudadanía.

Sin embargo, esta historia está muy lejos de concluir con un final feliz. La propia Contralora admite que estos casos continuarán ocurriendo a menos que el Estado le provea con las herramientas necesarias para impactar efectivamente y sin reparos a las agencias gubernamentales y los entes políticos que incurren en esta práctica.

Este reportaje especial me abrió los ojos a la manera tan desfachatada e inepta en que el Gobierno, sea del color que sea, ha administrado el País por los últimos 30 años, sumiéndonos en una ilusión de opulencia primermundista, que se desvanece rápidamente frente a la realidad fiscal una islita caribeña que pasó de tener una economía de manufactura a una de consumo por caprichos políticos.

Pero si creía que usted y yo estábamos libre de culpas, piense otra vez.

Me parece que el compromiso de la ciudadanía en buscar la forma de fiscalizar, denunciar, documentar y hasta confrontar a estos funcionarios es totalmente nulo.

No perdamos de perspectiva ni por un segundo que estos políticos corruptos no llegan a sus cargos por obra y gracia de los poderes misteriosos del universo. Son elegidos por nosotros y por ello, la responsabilidad recae sobre cada uno de los contribuyentes, los electores y los que deciden no votar, ya sea por apatía, desconocimiento o consciencia, prefieren mantenerse al margen de este tipo de situaciones.

Los excesos de los políticos los pagamos todos y por eso no podemos bajar la guardia en la fiscalización. Esa es la exhortación que te hacemos como ciudadano en la serie especial, #Tuschavosbota’os.